Aparecen testimonios de tortura en contra de Muñoz
Aguascalientes, Febrero 25 (2019).-Maricela Sánchez Muñoz, su hermano Cristhian Muñoz y Felipe Hinojo, ventilaron hoy testimonios de cómo el otrora Procurador de Aguascalientes, Felipe Muñoz Vázquez, durante el sexenio de Carlos Lozano de la Torre, sí cometió actos de tortura en contra de personas detenidas.
Sánchez Muñoz, relató en rueda de prensa que en 2011 un día por la mañana arribaron a su domicilio particular elementos de la Procuraduría, llegaron de manera violenta, golpeándola a ella, así como al hermano y maltratando a su hija quien ese entonces contaba con sólo diez años de edad.
La afectada refiere que luego de ser golpeada en su propiedad, fue llevada a varios puntos de la ciudad donde comenzó la torturaron para que se declarara culpable de homicidios, portación de arma y delincuencia organizada, además de que le exigieron inculpar a otras personas como el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, al periodista, José Luis Morales, otros reporteros, Gabriel Arellano y el comandante, Benjamín Andrade.
Dijo que después de varios días en la Procuraduría y otros lugares incluyendo el -gymnasio- fue presentada ante la prensa como una peligrosa delincuente por lo que fue enviada a un CERESO de máxima seguridad en Nayarit donde en 2014 y 2015 comenzó a ganar los juicios por los que fue encarcelada, hasta lograr la liberación.
Confesó que la tortura consistió en golpes, asfixia, alimentación, quemaduras entre sus piernas con cigarros y aseveró que su caso no era el único, todas las noches sacaban a personas de las celdas para torturarlos también, y que Felipe Muñoz sí participaba.
Sobre el tema, el Observatorio de Violencias Social y de Género exigen que se investigue, sancione y reparen las distintas violaciones a Derechos Humanos de víctimas debidamente documentados.
En este sentido, no sólo se debe reconocer la omisión que prevalece desde 2010 en la prevención, erradicación y sanción del delito de Tortura y otros que atenten contra la dignidad de todas las personas en todos los espacios de impartición de justicia, sino también, dar garantías de una investigación diacrónica que dé cuenta de la actuación particular de funcionarios y funcionarias públicos en la comisión de este delito.
Por lo tanto, el Estado y la Fiscalía, en su obligación local, nacional e internacional en lo relativo al respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, deben emitir una respuesta pronta e imparcial, garantizar la seguridad de todas las víctimas que sufrieron actos de tortura.
Garantizar el acceso al Fondo de Víctimas a quienes sufrieron de la comisión de este delito, investigación imparcial de todo el funcionario público señalado en las denuncias y que las investigaciones den cuenta de la actuación particular de cada funcionario público en todos los niveles de gobierno de administraciones pasadas, presentes y futuras.
Reparación y garantía de no repetición para todas las víctimas de tortura. Que funcionarios públicos señalados en esta investigación no participen nuevamente en algún cargo que involucre la atención a víctimas y la impartición de justicia y finalmente que las instituciones de impartición de justicia y de atención a víctimas estén integradas por personal con el perfil adecuado y capacitado en perspectiva de género y derechos humano.