Derechos Humanos, el conflicto

La discusión entre el gobierno federal y la CIDH (Comisión interamericana de Derechos Humanos) sobre la terminación de su misión, y de ésta, sobre si sugiere seguir en nuestro país, se encuentra en su punto más álgido, pues el famoso GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) el cual trabajó en nuestro país en la búsqueda de la verdad de lo que sucedió, en Iguala Guerrero, con los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos y presuntamente asesinados.

Los desacuerdos comenzaron con la discusión de si hubo o no, un incendio de grandes proporciones en el basurero de esa localidad, con la capacidad de incinerar totalmente a los muchachos, y el GIEI dijo que no era posible, a pesar de las declaraciones de algunos de los detenidos, de que así habían sucedido las cosas.

El problema ahora se centra de que el plazo para entregar sus conclusiones, ya con el plazo extra que pidieron los expertos, expira este 30 de abril, y el gobierno federal no está dispuesto a que permanezcan un día más; pero aquí entra en juego el asunto jurídico, de acuerdo al presidente de la CIDH, James Cavallaro, ellos pueden seguir por su cuenta en el país, y los gastos los pagarían ellos; según Emilio Álvarez Icaza, la misión no ha terminado y las determinaciones del grupo internacional han sido descalificadas y atacadas.

El problema, más allá del conflicto entre este organismo y las autoridades mexicanas, es ¿Hay o no hay, en nuestro país, violaciones a los derechos humanos? Hemos sido testigos, a través de los medios de comunicación, de que autoridades estatales y municipales, se han visto involucrados en desapariciones de ciudadanos en varias entidades, sobre todo en Veracruz y Tamaulipas, sin que a la fecha se haya determinado dónde quedaron los cuerpos de los secuestrados; y no solo eso, sino que los asesinatos y secuestros en Guerrero, Estado de México, van a la alza, y las autoridades no dan visos de poder brindar seguridad a la ciudadanía seguridad, algo verdaderamente preocupante.
En otros estados la delincuencia, llamada “común” por la autoridad, se ha desbocado, y los asesinatos, asaltos a mano armada, robos a casa habitación y robo de automóviles y sus partes, en una constante; y no hay ya, en la ciudadanía, ni siquiera ganas de presentar las denuncias, pues los resultados son nulos.

El jueves 7 de abril, durante una audiencia pública en Washington, el comisionado Paulo Vannuchi, declaró que en México las leyes incorporan «avances considerables «, pero que estos «muchas veces están lejos de los hechos, como el caso del grupo de expertos».

Pero ¿Qué de la sociedad mexicana?, ¿Que pensamos de los derechos humanos en nuestro país?, ¿Si tenemos? Hay más de 22,000 desaparecidos, de los cuales no sabemos de ellos, y tenemos regiones completas en las que el crimen es quien domina la vida diaria; solo tendríamos que ir al vecino estado de Zacatecas para darnos cuenta de la impunidad con la que obran los criminales; en el entorno nacional vemos autoridades que «desaparecen» a ciudadanos y se los entregan al crimen. No se ha podido subir el tema para cuantificar cuantos desplazados hay en el país, a raíz del embate de los delincuentes, o bien por quedar en medio del fuego cruzado, o quienes se cruzan al paso en la persecución de los criminales, o bien de los que son tratados como informantes o de los que son torturados para que aparezcan como delincuentes y poder llenar las cuotas de detenciones. No son pocos los que han denunciado que se les han «sembrado» armas y droga, y ahora viven un infierno y por lo tanto su vida se echo a perder.

No nos distraigamos si el 30 de abril se va o no el GIEI; veamos si el 30 de abril, en este país, se van a respetar los derechos humanos, y vamos a poder volver a confiar en que nuestras autoridades se conducirán dentro de las normas internacionales en su quehacer, y de que ya no habrá contubernio entre policías y criminales.

Creo que los últimos acontecimientos en Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas, nos indican que la situación está empeorando, y que el pago de «piso», con el tiempo, va a suplir los impuestos que pagamos al gobierno, algo verdaderamente inaceptable.

Se habla que hay entidades que tienen problemas a la vista de las elecciones, y que hay preocupación, según lo declaró el presidente del INE, Lorenzo Córdova, de que en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas, la inseguridad ponga en riesgo a los funcionarios que participen en los comicios. No hay que olvidar que el derecho al voto es uno de los principales derechos humanos.

Detrás de todo esto, y de esta pendencia, que a mí me parece artificialmente estimulada por la OEA, de que si se quedan o se van, los que tenían un contrato que se termina, creo que hay un elemento que es el primero que tenemos que admitir todos en este país, el verdadero problema de los derechos humanos en México se debe a la corrupción de las policías. Ese es el problema que hay que atacar, como el origen de la corrupción e impunidad. Si esas dos cosas, no se resuelven, ¡no se resuelve nada!

Por ello mi comentario de que este asunto, de los desaparecidos de Ayotzinapa, no se termina si se queda o se va el GIEI. Esto se va a terminar el día en que se termine la corrupción y que tengamos un pleno respeto a los derechos humanos.

(Comentarios de Un Ciudadano)