Licencia de paternidad, una práctica incluyente / LizyLoyola
En días pasados se reconoció en el Poder Judicial de la Federación el derecho a que se les otorgue a los servidores públicos (hombres) una licencia de paternidad con goce de sueldo equivalente a 90 días. En nuestro Estado, a la par, se presentó una iniciativa de reforma al Estatuto Jurídico para ampliar hasta por siete semanas esa licencia de paternidad, ya sea por el nacimiento de un hijo o hija o por adoptar un menor, así como un Punto de Acuerdo para que se exhorte al Poder Legislativo Federal y que haga lo propio en la Ley Federal del Trabajo, es decir, en la iniciativa privada. Es importante aclarar que en el poder Judicial de la Federación únicamente se otorga por nacimiento de un menor.
De lo anterior se desprenden varios puntos importantes: En primer lugar, la propuesta es interesante, ya que fomenta la paternidad activa, es decir la participación directa del padre en el desarrollo del menor, dando seguimiento a lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño que señala: “ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del menor”.
Por otro lado, podemos considerarlo como un gran avance para nuestro reconocimiento como mujeres, ya que a lo largo del tiempo se ha “obligado” a la mujer que es trabajadora y madre a que organice sus tiempos para poder cumplir responsablemente con ambos papeles. Con este cambio, las cargas y responsabilidades en el hogar se vuelven más equitativas y ambos pueden actuar en conjunto en la crianza del menor y ejecutar las obligaciones de solidaridad en el matrimonio; es decir que ambos integrantes tengan el mismo peso en el matrimonio independientemente del rol que desempeñen.
Otro ámbito en el cual se le ve una gran ventaja a esta propuesta, es en lo laboral, ya que con esta reforma se podría disminuir e incluso dar por terminada la discriminación que existe contra las mujeres que están en edad de procrear, puesto que en muchas ocasiones los patrones deciden no contratarlas porque saben que en determinado momento se realizarán como madres y eso les generará tener que pagar una incapacidad por maternidad y todas las consecuencias legales que esto conlleva; sin embargo, si se lograse este cambio, el factor maternidad ya no sería un punto determinante para decidir si contratas a un hombre o a una mujer en edad de procrear y en edad económicamente activa, ya que ambos en determinado momento de su
vida laboral harían uso de ese derecho. Ojalá se logre este avance, no solo a nivel Estado y para los servidores públicos, nuestros legisladores federales deben tomar en cuenta la propuesta y reformar la Ley Federal del Trabajo, para continuar avanzando hacia la igualdad entre hombres y mujeres por la que tanto hemos luchado, así como la participación activa de los hombres en los cuidados de la mujer y del menor hijo, el aprendizaje paralelo de ambos como padre y madre de un nuevo integrante del núcleo familiar y por último la inclusión total en las actividades que durante mucho tiempo se han considerado exclusivas de la madre y que ya no son así en la actualidad. Hay mucho por estudiar respecto a este tema, pero sin duda es una iniciativa que tiene razones poderosas para considerarse una excelente propuesta.
La opinión de: Elizabeth Loyola Gómez, Asesora Jurídica del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, Catedrática de la Universidad Cuauhtémoc, Integrante de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Aguascalientes y Doctorante en Derecho por la Universidad de Durango, Campus Aguascalientes.