Aguascalientes, agosto 04 (2026).-Si algo ha mostrado la experiencia democrática reciente en México es que ninguna institución funciona mejor que las conductas que la sostienen. Podemos diseñar leyes sofisticadas, crear órganos autónomos y perfeccionar procedimientos electorales, pero todo eso resulta frágil cuando la ciudadanía y quienes ejercen el poder no comparten un mínimo de ética pública.
La filosofía política moderna, desde Maquiavelo hasta nuestros días, puso el acento en el control del poder: cómo organizarlo, dividirlo y limitarlo. Esa preocupación era legítima. El problema comenzó cuando ese énfasis desplazó casi por completo una pregunta más antigua e incómoda: qué tipo de ciudadanos requiere una república para sobrevivir.
En México, como en muchas democracias contemporáneas, la figura del ciudadano se ha ido transformando silenciosamente en la de un usuario del Estado. Se participa para obtener beneficios, reclamar derechos o expresar indignación, pero rara vez para asumir responsabilidades compartidas. Votar se convierte en un trámite, la protesta en desahogo emocional y la discusión pública en una disputa de identidades.
Esta mutación no ocurrió por azar. Es coherente con una política que concibe a la sociedad como un conjunto de intereses que deben gestionarse, no como una comunidad moral que debe gobernarse a sí misma. Cuando la política se reduce a repartir bienestar con cargo a los impuestos y administrar expectativas, el ciudadano deja de verse como corresponsable del destino colectivo.
Durante años se insistió en que la ética era un asunto privado y que lo importante en lo público eran las reglas. Así, la política se profesionalizó, pero también se desmoralizó. Cumplir la ley pasó a verse como lo mínimo indispensable, no como una virtud cívica. Mentir, exagerar o manipular se normalizó bajo la lógica de que “todos lo hacen” y “así es la política”.
Una ética pública reducida al mínimo termina debilitando a la democracia. Cuando la mentira no tiene costo, cuando el abuso se justifica a los camaradas y cuando el adversario se convierte en enemigo moral, la confianza desaparece. Y sin confianza, ninguna comunidad política se sostiene.
Hoy, uno de los mayores desafíos éticos es la relación entre ciudadanía y verdad. La proliferación de información falsa o distorsionada no solo afecta a la toma de decisiones; erosiona el carácter cívico. El ciudadano deja de buscar comprender la realidad y se limita a consumir narrativas que confirmen su enojo o su miedo.
Aquí aparece un dilema profundo: una democracia no puede obligar a sus ciudadanos a ser virtuosos, pero tampoco puede sobrevivir cuando renuncia a exigir honestidad mínima en el espacio público, la deliberación se vuelve imposible y la política se transforma en espectáculo.
Hablar de ética pública suele despertar resistencias, como si implicara exigir ciudadanos heroicos o moralmente impecables. Nada más lejos. Lo que una democracia necesita no son santos, sino personas dispuestas a respetar límites, incluso cuando hacerlo no es conveniente.
Eso implica, por ejemplo: aceptar resultados electorales desfavorables sin dinamitar la confianza común; exigir cuentas a los propios, no solo a los adversarios; resistir la tentación de justificar abusos de los camaradas.
La ética pública no se improvisa en campañas ni se decreta desde el poder. Se forma lentamente: en la educación cívica, en el ejemplo cotidiano de autoridades y líderes, en la forma en que los medios comunican, en la manera en que se sanciona a la oposición o se tolera la deshonestidad de quienes acompañas al movimiento.
México ha invertido enormes recursos en ingeniería institucional, pero muy poco en formación ética para la ciudadanía democrática. Se enseña a desconfiar del poder, pero no siempre a ejercer la libertad con responsabilidad. Se exigen derechos, pero rara vez se reflexiona sobre los deberes que los hacen posibles.
La lección que atraviesa toda la tradición del pensamiento político es clara: el autogobierno solo es posible cuando las personas aceptan gobernarse, al menos en parte, a sí mismas. Sin ética la democracia se vacía y queda reducida a un conjunto de procedimientos disputados sin convicción.
La pregunta de fondo que los mexicanos debemos enfrentar no es únicamente qué gobierno queremos, sino qué tipo de ciudadanos estamos dispuestos a ser. Ninguna reforma legal sustituirá la ausencia de responsabilidad cívica; ningún líder, por carismático que sea, podrá reemplazar indefinidamente a una ciudadanía activa y exigente.
Instituciones, elecciones y reglas dependen, en última instancia, del carácter público de quienes las sostienen. Una democracia sin ética pública puede funcionar un tiempo; una democracia sin ciudadanía responsable, no. Recuperar la ética pública no significa moralizar la política, sino devolverle su dimensión humana. Hay que recordar que la libertad no consiste solo en elegir gobernantes, sino en asumir el costo de vivir juntos bajo reglas que nos obligan incluso cuando nadie nos observa. Ahí, no en el control absoluto, comienza la verdadera vida democrática.