Votan diputados a favor de Ley contra la Trata de Personas en Aguascalientes

Aguascalientes, Enero 19 (2017).-El Pleno de la LXIII Legislatura aprobó por unanimidad en lo general, el dictamen que formuló la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se resuelve la iniciativa que expide la Ley de Trata de Personas del Estado, propuesta por la representación del Grupo Parlamentario del PAN de la anterior legislatura, la cual contempla la implementación de un Programa Estatal de Prevención y prevé mecanismos de atención a las víctimas por este delito por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el documento, se establece que la FGE tendrá atribuciones para brindar atención a víctimas, testigos y ofendidos en la materia, en apego a la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido del Delito para el Estado de Aguascalientes y la Ley Orgánica de la Fiscalía.

Asimismo, se especifica en una fracción la capacitación que tiene que aplicarse de manera permanente al personal de la FGE, además de promover la realización de campañas de difusión en las que se fomente la denuncia ciudadana sobre este tipo de delitos.

En lo particular, las diputadas Elsa Amabel Landín Olivares, Paloma Amézquita Carreón y Josefina Moreno Pérez, propusieron reservas en lo particular, siendo aprobadas por la unanimidad del Pleno legislativo, las cuales versan en lo siguiente:

Se define que la Fiscalía General del Estado, instituciones policiales y las autoridades jurisdiccionales garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, brindando en todo momento asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia.

Además se contempla la creación de la Comisión de Trata de Personas, que estará integrada por el Ejecutivo, así como por los Secretarios General de Gobierno y de Seguridad Pública, además del Fiscal General del Estado, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros.

Se establece que dicho órgano debe reunirse por primera ocasión a más tardar en un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto presentado.