UCD quiere juicio político en contra del Presidente del STJ

Aguascalientes, Junio 18 (2014).- Para el dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD), Felipe Hinojo Alonso, el todavía Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Fernando González de Luna, tiene que ser sujeto a juicio político basado en los términos del artículo 7 de la Ley Federal de responsabilidades de los servidores públicos por la grave violación sistemática de los Derechos Humanos en los que incurrió durante su estadía al frente del Poder Judicial.

Hinojo Alonso, señala además como otro argumento para iniciarle juicio político, la sumisión que tuvo hacia otro poder (ejecutivo), ya que de acuerdo con la legislación, son actos y omisiones en la función de un cargo de esta naturaleza,  convertirse en facilitador de la Procuraduría General de Justicia  Estado (PGJE), en especial de su titular Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, en asuntos de consigna, como decretos de arraigo, ordenes de aprehensión sin autos de formal prisión y hasta sentencias.

Para lograrlo, emite órdenes verbales vía comunicación telefónica y personal, asegura el acusador quien además revela que cuando existe un asunto importante, se reúne con el fiscal estatal y con el Jefe de Gabinete, Javier Aguilera, para preparar la consignación, luego la orden de aprehensión y lo que sigue, por ello dijo, no es raro que los magistrados le dieran la espalda a la hora de quererse reelegir.

“La molestia de los integrantes del Poder Judicial es que el Presidente los exponga ante el Procurador, o que lo defienda cuando se pone una queja contra aquel más que a sus jueces, el fiscal muy conocido por sus arbitrariedades y amenazas a sus súbditos y hasta magistrados si le niegan algún pedimento”, agrega Felipe Hinojo.

Ejemplo de lo anterior, añade, fue la confirmación del auto de libertad que los magistrados de la sala penal emitieron en el caso de Benjamín Andrade Esparza, Ex Secretario de Seguridad Pública Municipal.  Lo que provoco la ira del Procurador quien públicamente los amenazó con investigarlos y consignarlos, sin que como Presidente del Consejo de la Judicatura, González de Luna hiciera nada a favor de sus magistrados quienes con justa razón le dan la espalda.

Abunda que un reproche tanto interior como al exterior del Poder Judicial sobre el proceder de Fernando González, no se concreta solamente  por la sumisión y servilismo en que mantiene a esta instancia impartidora de justicia, para justificar sus actos y como prueba de la no independencia que debe mantener, es la crítica sobre alguna detención,  se arrebata en emitir opiniones de criterio fuera del proceso judicial, solo con el fin de defender a quien consigna y los efectos legales y políticos de la misma, aun así sean resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Todo con el fin de desacreditar o desautorizar los criterios legales en que se haya sustentado alguna sentencia. Pero no solo eso, sin que le competa expresarse, pues la ley no le faculta para ello sino solo al juez de la causa o la fiscalía, expone temas delicados que deben guardar sigilo. Es gestor de la Procuraduría estatal para órdenes de aprehensión al gusto, en tiempo y forma; exageradamente rápidas”, recrimina.

Por si fuera poco, decreta arraigo a discreción sin distinguir las prohibiciones del artículo 16 Constitucional, el cual solo se permite en caso de delincuencia organizada, según la Suprema Corte, apunta el líder ucedista quien por eso y más, considera que amerita llevarlo ante la Cámara de Diputados.

“Muchos nos preguntaremos ¿es este el Magistrado que representa la justicia para los ciudadanos, estos son los que resuelven nuestros juicios?”.

“Es incomprensible la complacencia y hasta participación de Fernando González de Luna en los arraigos anticonstitucionales que se dieron a petición de la PGJ,  a pesar de saber que violaban la Constitución mexicana, y qué decir de la tortura a los arraigados en las instalaciones de la PGJ o la manipulación de jueces para decretar sospechosas ordenes de aprehensión, entre otras cosas oscuras e ilegales. Desde luego que ofrezca las pruebas que demuestran tales hechos”, asegura.