Guadalajara, Abril 22 (2014).- Hace 22 años a las 10:15 horas, Antonio Barrios García cruzó con su bicicleta la calle de Gante, en el Sector Reforma de Guadalajara, Jalisco, tenía 14 años y ahí lo alcanzó una de las 10 explosiones que ese día, según cifras oficiales, causaron la muerte a más de 200 personas y dejaron lesionadas a más de mil 800; el número de desaparecidos sigue siendo “indeterminado”, la causa fue la acumulación de hidrocarburos en el drenaje; de los responsables nada se sabe.
Hoy Antonio está en silla de ruedas y —junto con 64 otras personas que lograron entrar en el Fideicomiso de Apoyo a la Seguridad Social (Fiass) creado en el año 2000 para apoyar a los afectados por las explosiones— sigue buscando que la justicia sea completa.
Él y otras víctimas acudieron ayer a Palacio de Gobierno para entregar una carta al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, en la cual insisten en el cumplimiento de 10 demandas que cargan desde hace dos décadas y que entre otras cosas exige la incorporación de más personas al fideicomiso, que éste se maneje con transparencia y que se reabran las investigaciones para esclarecer lo que ocurrió la mañana del 22 de abril de 1992, cuando Antonio, como muchos otros, voló por los aires sin saber qué sucedía y al caer fue sepultado por toneladas de escombro.
“Al caer ya no me pude mover, me quedó la cabeza afuera, por eso me encontraron”, recuerda el joven de 36 años, que ahora forma parte del equipo de basquetbol paralímpico de Chihuahua, porque en Jalisco no encontró apoyo.
Junto a él está Lilia Ruiz, otra de las víctimas de ese día y quien preside la asociación civil 22 de Abril; la prótesis que lleva en la pierna izquierda le dificulta el paso, casi tanto como lo han hecho las administraciones estatales que se han negado a asumir su responsabilidad.
“Lo que hemos logrado lo tenemos porque hemos luchado, no porque el gobierno nos lo haya dado; Pemex aportó 40 millones de pesos para el fideicomiso, pero con la condición de que se recibiera como donativo, no como indemnización, para no reconocer su responsabilidad”, señala.
Las explosiones ocurrieron un miércoles de Pascua, cuando el PRI gobernaba Jalisco y fueron factor importante para que perdiera el poder dos años después, en las elecciones de 1994, cuando el panista Alberto Cárdenas Jiménez obtuvo la gubernatura.
Esa mañana, a las 9:40 horas, Trinidad López Rivas, entonces titular del destacamento de Bomberos de Guadalajara, declaró a los medios que el intenso olor a gasolina reportado un par de días antes por los vecinos del barrio de Analco no representaba riesgo alguno; minutos después se desencadenó un infierno en 14 kilómetros de la ciudad.
Cunado todo ocurrió, el entonces gobernador, Guillermo Cosío Vidaurri, estaba en la ciudad de México y no logró controlar la situación; terminó por solicitar licencia unos días después para, el 1 de mayo de 1992, dejar el puesto a Carlos Rivera Aceves. Por su parte, Enrique Dau Flores, quien era alcalde de Guadalajara, estaba de vacaciones y no autorizó el desalojo; fue el único funcionario que pisó la cárcel, pero 200 días después fue exonerado y quedó en libertad.
Ahora, Cosío Vidaurri no hace política públicamente, sin embargo, Dau Flores es el principal asesor del actual gobernador Aristóteles Sandoval Díaz en materia hídrica y Trinidad López Rivas es el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.
Una lucha constante
Año tras año, los afectados deben confrontar a las autoridades para exigir que de una vez por todas se decidan a cumplir con su deber.
“Queremos que el gobierno se haga cargo de la gente que quedó fuera del fideicomiso, hay muchos afectados, pero nos dicen que a esta distancia no es posible tomarlos en cuenta y nos preguntan por qué no se acercaron antes. Nosotros decimos que era obligación del gobierno hacer el recuento de las personas afectadas”, señala Lilia Ruiz y hace cuentas: “Recuerden que fueron más de mil 800 lesionados. ¿Dónde está esa gente? ¿Qué haría el gobierno si todos ellos se acercaran a exigir lo que por derecho les corresponde?”, explica.
La mujer se detiene ante la puerta de Palacio de Gobierno para entregar una carta al gobernador, pues en la última negociación con las secretarías de Gobierno, Salud y Desarrollo Social se les informó que para evitar mayores problemas con el fideicomiso se les entregaría a los afectados todo el dinero de éste; pero además se les dijo que la unidad donde el Seguro Social los atiende desaparecería, ya que se les integraría al Seguro Popular.
“Los recursos del fideicomiso sólo cubren siete años, y quizá esa es la forma de deshacerse de nosotros, entregando el manejo de los recursos y todo el dinero como un finiquito”, considera Ruiz.
Casi una hora después, el gobernador informó que la recibiría; tras escucharla, se comprometió a no desaparecer el fideicomiso y aportar cada año un millón de pesos durante su administración. Además, aseguró que la atención médica seguirá siendo la misma y de forma adicional se les incorporará al Seguro Popular.
Según Ruiz, el mandatario prometió que se les entregará su seguro de vida en vida, pero sobre el pliego petitorio que le entregaron hace un año sólo dijo que se comenzará a analizar la semana próxima.
Durante una rueda de prensa para informar el resultado del operativo vacacional en Jalisco, Sandoval Díaz hizo público el compromiso de otorgar un millón de pesos anuales al fideicomiso, pero no hizo referencia alguna al resto de sus promesas. Para Lilia Chávez esto significa que al menos ya no van hacia atrás, como parecía hace unos días, y aunque considera que aún falta para lograr la justicia, siguen caminando despacio hacia allá. Hoy cumplen 22 años de hacerlo.
Información: El Universal