Transparente como un ladrillo / Vale al Paraíso

A diez años de su instalación el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) vive los mejores años de su vejez. Se parece a mi sexagenaria tía y se viste como mi adorada abuelita.

La manipulación del Instituto fue por demás notoria durante el régimen de Carlos Lozano de la Torre. Los comisionados se convirtieron en las marionetas predilectas del entonces gobernador del Estado, quien privilegió la opacidad al no hacer pública su información patrimonial, de intereses y fiscal, en la plataforma digital 3de3, impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana.

La operación ineficacia. Los biafranos resultados. El manejo discrecional de la información. Los últimos lugares en el escenario nacional. La desaseada extensión del mandato de los Comisionados. Las groseras remuneraciones de éstos. Y la maquillada hoja curricular de la presidenta. Son las cartas de presentación del ITEA en el período 2010-2017.

El no muy lejano viernes 24 de febrero la comisionada presidenta del ITEA, María Cristina Díaz León, presentó al Congreso del Estado su sexto informe de labores, correspondiente al período comprendido del 1 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016.

La funcionaria presumió las ridículas cifras del organismo: Recibió un total de 368 solicitudes de información. 94 recursos de revisión. Aplicó cuatro evaluaciones cuatrimestrales y una aleatoria. Sancionó a tres sujetos obligados. Brindó 3 mil asesorías. Firmó 24 convenios de colaboración. Y fomentó la “participación ciudadana” a través de 750 eventos, notoriamente fallidos, si se considera que sólo al 0.35 por ciento de los aguascalentenses les interesa solicitar datos a los gobiernos estatal y municipales, según el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016 del INEGI.

El presupuesto anual, muy parecido al del año reciente, es de 21 millones 268 mil pesos, superior a la media nacional per cápita en esa materia. Los sueldazos mensuales de los tres comisionados van de 114 mil 510 pesos hasta 126 mil pesos, más las elegantes prestaciones; una millonada, pues.

El bonancible presupuesto de la institución y las regias remuneraciones de los comisionados, están muy desproporcionados si se contrastan con la efectividad ofrecida durante los 15 meses informados, pero además, es una mentada de madre para la comunidad, al comparar esas cantidades con el presupuesto asignado a las rehabilitación de las casas de la cultura en los municipios del interior del estado, que es de nueve millones para este año.

En noviembre del año reciente, el Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI), elaborado por Article 19 y México Infórmate, reprobó al ITEA al ubicarlo en la casillero 25 de las 32 entidades evaluadas.

Antes, en 2014 y 2015, el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (Idaim), realizado por el Centro de Análisis e Investigación, le sacó la tarjeta roja a Aguascalientes, al revisar los diseños normativo e institucional, el calvario de acceso a la información pública y a las obligaciones de transparencia de las entidades federativas.

Las vergonzosas calificaciones es el reconocimiento a una graciosa huida, en lugar de asumir una apasionada entrega, porque el Instituto tiene la insana costumbre de “declara la inexistencia de información en buena parte de la información solicitada”, sentencian Article 19 y México Infórmate.

Para los comisionados la paga efectiva, sí reelección, es un estilo de vida tan parecido al que llevaba Porfirio Díaz. El 31 de diciembre cumplirán siete años; afortunadamente, ya no está el gobernador Lozano de la Torre para que le entregue más tanques de oxigeno y se enquisten otro sexenio, por lo menos.

La credibilidad de ITEA está en entredicho al consolidarse en las entrañas del gobierno lozanista, desde donde se propiciaron inconsistencias, resoluciones sesgadas, excesos y despropósitos del organismo. El ADN del Instituto siempre estuvo ligado a la sangre del Poder Ejecutivo, empezando porque en 2010 el gobernador electo Lozano de la Torre ordenó a los diputados priistas la designación de los actuales comisionados y, posteriormente, su reelección en 2016.

El caso de María Cristina Díaz León, presidenta del ITEA, es patético, a propósito de la cuestionada credibilidad. En 2010 presentó a la LX Legislatura al Congreso del Estado, en calidad de aspirante al encargo, la hoja curricular donde señalaba su participación en un diplomado de cosmetología de 1996 a 2000, la fundación de su clínica en esa especialidad y la contratación del Club Campestre de Aguascalientes para fungir como comisionada de Spinning.

El delicado problema se presenta cuando Díaz León exfolia su “síntesis curricular” y desaparece las células muertas (según ella, supongo) del diplomado, la clínica y el Campestre, al actualizar la información publicada en el portal del ITEA.

Avergonzarse del pasado, de ganar el pan con el honorable sudor de la frente, debe ser motivo de orgullo, no de pena.

Porque alguien debe de escribirlo: Nos volveremos a encontrar en la segunda semana de agosto.

marigra1954@gmail.com