Tiene Reynoso y Pandilla más de 30 Solicitudes de amparo

Aguascalientes, Octubre 08 (2013).- El Presidente del Poder Judicial, Fernando González de Luna, reveló que el ExGobernador panista, Luis Armando Reynoso Femat, y varios de sus ex colaboradores, han tramitado ante la Federación entre treinta y treinta y cinco promociones para no ser detenidos, luego de los proceso penales que enfrentan por peculado y ejercicio indebido del servicio público.

“Sí, como 30-35”, respondió el magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien destacó que tan solo Reynoso Femat, ha tramitado cerca de 20 amparos.

El Tomógrafo perdido con valor de 13.8 millones de pesos, la venta fraudulenta de terrenos propiedad del Gobierno local y el caso del CIDE, son los casos en los que el ex mandatario panista y su camarilla están involucrados, por lo que han tenido que acudir al juez de distrito a solicitar la caución para evitar ser detenidos ante las ordenes de aprehensión giradas por el Poder Judicial.

En el caso de LARF, González de Luna, reveló que tiene dos cauciones, no fianzas, “la fianza la solicitó pero después solicitó la caución”, abundó que ha acreditado dos fianzas por más de 19 millones de pesos, lo que le ha permitido enfrentar su proceso en libertad.

Reynoso Femat, sigue enfrentando dos procesos, y si al final no le conceden el amparo va a tener que solicitar la libertad causional, porque esto es solamente caucione para el amparo, subrayó el magistrado.

Luis Armando aunque está libre, tiene dos procesos en su contra, la caución de acuerdo con el Presidente del STJ, “es simplemente para el efecto de sujetarse  al  amparo,  el criterio que se sigue   es una caución  para  evitar que se sustraiga la acción de la justicia,  aclaró el entrevistado.

A demás de Luis Reynoso Femat, Beatriz Cañizo (SEDESO), Ricardo de Alba (SEPLADE), Armando Jiménez San Vicente (SEDEC), Luis Gerardo del Muro Calderas (OBRAS PÚBLICAS), Raúl Cuadra (FINANZAS), Alberto Serna (IVEA), son algunos ex funcionarios que han solicitado protección federal ante las acciones en su contra.