Temor a la delincuencia organizada, ¿pretexto para la impunidad?

El panorama actual del combate a la delincuencia organizada y su violencia contra los ciudadanos, está mostrando hechos que llevan, necesariamente, al cuestionamiento de las constantes afirmaciones de los gobernantes, de que los resultados logrados son satisfactorios (no obstante que inmediatamente después añadan que ‘todavía tienen mucho por hacer’); está siendo común en la administración pública, la necesidad –en ocasiones obsesiva-, de que la sociedad les dé su aprobación por el trabajo, lo que lleva al gobernante a asumir un discurso político que, paulatinamente y ante la inercia de la mediocridad, lo va separando de la realidad.
La nueva estrategia para el combate a la delincuencia organizada y su violencia, evidentemente, está teniendo graves problemas; el nuevo gobierno de la república se comprometió que, ahora sí, tendría resultados palpables en estos programas y acciones. En este punto es oportuno considerar el significado de éxito y de fracaso de la estrategia.

Para ello se requiere dimensionar lo que el gobierno de la república está llamando éxito. En esa caracterización encontramos, primeramente, la disminución del número de ejecuciones; disminución que se da como consecuencia de la reclasificación de los homicidios causados por la delincuencia organizada, con la utilización de nuevos criterios (en Aguascalientes, por ejemplo, los medios informan de narco ejecuciones, las cuales, seguramente, son clasificadas en los homicidios dolosos, considerados en sí mismos sin relación con la delincuencia organizada).

Otros elementos de éxito son: la implementación de acciones preferentes en los estados que padecen el grave problema, y que el próximo año tendrán elecciones, como son Michoacán, Estado de México y Guerrero; la violencia de la delincuencia organizada ya no está en los primeros sitios de los medios de comunicación; el regreso del ejército y la marina a los cuarteles, lo que hoy ha pasado a un segundo plano, ya que los vemos en las calles; la creación y puesta en operación de la gendarmería nacional; la instrumentación del programa para la prevención de la violencia, que sigue conjuntando acciones de varias dependencias, etcétera.

Ahora, dimensionemos un poco lo que puede considerarse como fracaso: los homicidios o ejecuciones siguen sucediendo, y en alta cantidad, así como los secuestros, las extorsiones y el dominio de territorios por la delincuencia, desplazando a la autoridad constitucional. Significa que la presencia de las fuerzas federales no ha sido efectiva, como tampoco lo ha sido la depuración de las policías (valga recordar que la conferencia nacional de gobernadores ha venido posponiendo las fechas de terminación de los programas correspondientes).

En el escenario no resuelto de la violencia de la delincuencia organizada, aparece un elemento clave, el temor; su importancia estriba en que la amenaza de la delincuencia es efectiva, y genera consecuencias sobre el desempeño de las instituciones que deben combatirla. Es una herramienta en manos de los delincuentes, que también parece ser aprovechada como excusa y pretexto para la ineficiencia.

Observemos dos casos recientes: uno de ellos es el del ahora ex reportero de Televisa, Eliseo Caballero, que se entrevista con el líder de los caballeros templarios de Michoacán, Servando Gómez, La Tuta; para salir adelante con su explicación, el reportero refiere que tuvo temor de no asistir a la reunión (el hijo del entonces gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, dio una respuesta similar).

El segundo caso es el asesinato del diputado federal, Gabriel Gómez, y de su asistente, Heriberto Núñez. Cuando se cuestionó al fiscal general del estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera, acerca de por qué no fue utilizada la evidencia de las videocámaras de vigilancia, que captaron el momento de la privación de la libertad, respondió que existen ‘malas prácticas’ en el personal de seguridad, que impidieron una acción efectiva para rescatar a los secuestrados. Entonces, en el combate a la delincuencia organizada todavía privan las ‘malas prácticas’ –dígase corrupción-, que impiden las buenas acciones –dígase impunidad-, por lo que las estrategias están, o más bien dicho, siguen fracasando, al dar a entender que el personal se deja intimidar por los delincuentes.

Agreguemos dos datos de gobernadores: el primero, del Estado de México, Eruviel Avila, que en su informe afirma que las ejecuciones disminuyeron, mientras que el conteo de ellas realizado por el periódico Reforma informa de un aumento (Reforma, 24 sep.). El segundo gobernador es el de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que, ante las preguntas de los varios reporteros de radio y televisión con motivo del asesinato del diputado federal, responde hablando de los ‘éxitos’ de su gobierno contra la delincuencia organizada.

Observamos, por lo tanto, dos posturas encontradas: la de las instituciones políticas, que cuentan con todos los recursos útiles para ejercer su poder y autoridad sobre la delincuencia organizada, y la de los hechos que siguen sucediendo, por la no acción de esas mismas autoridades. Es uno de los motivos que están presentes en los hechos (subrayo, el nivel de los hechos, porque en público y en el discurso, los gobernantes hablan de no tener temor a los delincuentes y de que actuarán con ‘toda la fuerza del estado’), ya que cuando se habla de las familias, las cosas cambian, precisamente, por el temor.

Ante la contradicción de que el gobierno cuenta con todos los recursos existentes, y la sucesión constante de los hechos violentos de la delincuencia organizada, la respuesta sigue siendo la misma: corrupción por beneficios personales, y/o pretexto del temor a la delincuencia para no hacer las cosas bien, con el consiguiente debilitamiento del Estado.

Tal vez la existencia del temor pudo comprenderse –y aceptarse como justificado- en los inicios del problema (hace ya décadas), cuando pudiera ser que lo común era ‘dejar hacer, dejar pasar’; pero ahora, que ya se tiene claro que no se puede excusar con nada la falta de resultados, son poco creíbles las explicaciones de una ineficiencia que da a entender que el temor a la delincuencia organizada es la causa de los resultados fallidos.

De política, una opinión: Abelardo Reyes Sahagún