Tapalpa, la estrategia célebre / Ruelas

Aguascalientes, marzo 04 (2026).-Una crisis estructural del Estado es visible en el deterioro del diálogo público, fragilización del Estado de derecho, incapacidad de administrar la violencia frente al crimen organizado. Es preciso rescatar el orgullo por el glorioso Ejército mexicano que en coordinación con instituciones especializadas del gobierno de EE. UU., “abatió” al Moncho; fue un operativo triunfante. Ares le mostró estrategia a Artemisa. Abatir al capo no fue un éxito, comunicación social lo hizo en su narrativa. Pero, insisto, la estrategia fue cierta.

Ahora ¿El gobierno actuará cómo Estado o cómo movimiento político?

La administración legítima de la violencia exige una política fundada en ética, legalidad y responsabilidad institucional, no en lógica identitaria, moralizante o performativa propia de los movimientos. Revisemos los signos, hilvanemos con pensadores que han articulado con los debates contemporáneos sobre posverdad e inteligencia artificial.

Simone Weil concibe la política como moralmente legítima solo cuando se subordina a la obligación hacia el “Otro”, anterior a cualquier derecho o proyecto colectivo, de lo contrario se convierte en fuerza ciega, capaz de destruir tanto a quien la ejerce como a quien la padece (Weil, The Need for Roots).

La gestión de la violencia ha sido frecuentemente absorbida por narrativas morales o identitarias que sustituyen la responsabilidad estatal por la apelación simbólica al “pueblo” o a causas abstractas. Toda política que renuncia a ver la realidad concreta del sufrimiento —la extorsión, la desaparición, el control territorial del crimen— abdica de su fundamento ético (RozelleStone, 2024; LawsonFrost, 2024). Eliminar un capo no es solución, divide la violencia. El Estado debe asumir obligación; el movimiento busca adhesión.

Para Max Weber el Estado moderno reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia dentro de un territorio (La política como vocación, 1919). No es descriptivo, es normativo. La actuación institucional en Tapalpa, el Estado, por vía del Glorioso Ejercito mexicano, practicó ese monopolio, no hacerlo dejaría abierto el espacio para actores armados que reclaman autoridad de facto. El Estado erosiona su legitimidad cuando este deja de actuar como fuente exclusiva del derecho a usar la fuerza(Britannica, 2026). Un movimiento puede convivir con múltiples violencias; un Estado no. Administrar la violencia no es justificarla, sino someterla a legalidad, límites y responsabilidad pública.

El pensamiento de Michel Foucault nos dice que el poder moderno no opera solo mediante la represión, sino mediante formas de “gubernamentalidad” que normalizan prácticas excepcionales. En contextos de inseguridad, el riesgo es que la violencia se administre no desde el derecho, sino desde la narrativa de urgencia, eficacia o excepcionalidad permanente (Foucault, Seguridad, Territorio, Población). Esta lógica se manifiesta cuando la violencia se gestiona mediante decisiones políticas opacas, sin anclaje jurídico sólido ni rendición de cuentas claras. El resultado no es mayor control, sino desinstitucionalización del uso de la fuerza (Restrepo & Jaramillo, 2018). Actuar como Estado exige gobernar desde la norma.

Las reflexiones de Jacques Derrida distinguen entre ley (droit) y justicia, subraya que toda ley implica una “fuerza”, pero que no toda fuerza es justa. En Force of Law (1990),ejercer violencia sin reflexión ética ni control jurídico, pierde legitimidad incluso si se presenta como legal (Derrida, 1990). Combatir el crimen organizado no puede reducirse a una lógica de fuerza reactiva o moralizante. Sin procedimientos, sin legalidad verificable y sin responsabilidad institucional, la violencia estatal corre el riesgo de convertirse en violencia indistinguible de aquella que pretende combatir (Pirovolakis, 2024). Un movimiento justifica; el Estado responde ante la ley.

JeanFrançois Lyotard diagnosticó la incredulidad frente a los grandes relatos (La condición posmoderna,1979). La posverdad: la sustitución del debate racional por narrativas emocionales y performativas que ha debilitado la capacidad del Estado para administrar la violencia. Cuando la política se convierte en relato, la violencia se vuelve símbolo; cuando se vuelve símbolo, deja de ser gobernable (Lyotard, 1979). 

La incorporación de inteligencia artificial y sistemas algorítmicos en seguridad y comunicación política introduce nuevos riesgos. La gubernamentalidad algorítmica puede simular objetividad mientras desplaza la responsabilidad humana (Innerarity, 2025; GarcíaMarzá & Calvo, 2024). Un Estado que actúa como movimiento tiende a usar la IA como herramienta de legitimación; un Estado responsable la somete a control democrático, transparencia y límites jurídicos.

La crisis de la violencia en México no puede resolverse desde la lógica del movimiento político, la posverdad o la excepcionalidad permanente. Administrar la violencia y enfrentar al crimen organizado le exige al gobierno actuar como Estado, la sociedad debemos acompañar a La presidente de México con más patriotismo que sumovimiento. Habida cuenta que preside la nación no un movimiento.

Sin obligación no hay legitimidad; Sin monopolio no hay Estado; Sin norma el poder se disuelve; Sin justicia la ley se vacía; Sin verdad compartida el diálogo se rompe.México enfrenta así una disyuntiva histórica: reconstituir la estatalidad o prolongar la política como relato.