Soberanía y democracia extraviada / Ruelas
Aguascalientes, Agosto 19 (2025).- La soberanía ha sido, desde los albores del Estado moderno, el principio que legitima el ejercicio del poder político. Representa la autoridad suprema e indivisible que reside en el Estado que se debe al pueblo, siempre que actúe como unidad moral, sujeto colectivo de la voluntad popular capaz de decidir sin apelación sobre los asuntos públicos, en tanto cumpla con las exigencias que la ley determina. Este concepto ha sido reconfigurado, tensionado, vaciado de contenido en desafortunadas frases y predicaciones que utilizan al pueblo como justificación. Es preciso revisar las dimensiones jurídicas, filosóficas y políticas, para comprender su papel democrático actual y su legitimidad institucional. El pueblo no existe como esencia, sino como articulación contingente de demandas sociales. Es demagógico que le sigan degradando su valor.
Soberanía es poder supremo del Estado para legislar y gobernar sin subordinación a otro ente. El poder en la democracia constitucional es transferido al pueblo, quien lo ejerce mediante mecanismos de representación y participación, no en concentraciones en dónde el pueblo se transforma en masa. Nuestro pacto político, CPEUM, en su artículo 39 establece: “… La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo…”. Esta formulación implica que toda autoridad emana de la voluntad popular, el marco legal la debe reflejar y proteger.
La soberanía jurídica enfrenta límites estructurales. Adhesión a tratados internacionales, subordinación a normas supranacionales, a creciente judicialización de la política, son factores que generan una paradoja: el pueblo es soberano, pero su capacidad de decisión está mediada por estructuras que no siempre responden a su mandato. Esta tensión entre soberanía formal y soberanía efectiva plantea interrogantes sobre la autenticidad del poder democrático, ecuación que resuelve el ejercicio de buena política. Soberanía es un concepto que demanda interpretaciones que limen su estado arcaico.
Poder absoluto al reconocimiento mutuo. La soberanía ha evolucionado desde el absolutismo de Jean Bodin quien la concebía como “indivisible y perpetua en manos del monarca”, hasta las teorías del contrato social de Hobbes, Locke y Rousseau, que trasladan la soberanía al “pueblo como sujeto colectivo”, el soberano garantiza el orden frente al caos. Para Rousseau, la soberanía popular es inalienable con expresión directa.
Hoy Habermas y Honneth reformulan la soberanía no como dominio, sino como reconocimiento mutuo en procesos deliberativos. Diálogo entre interlocutores válidos. La soberanía ya no es solo poder de decisión, sino capacidad de construir legitimidad a través del diálogo público. Esta visión exige instituciones abiertas, inclusivas y sensibles a las demandas sociales, donde la soberanía se ejerza no solo en las urnas, sino en la esfera pública en la que el diálogo es esencial.
Desde la ciencia política, la soberanía es principio que legitima el poder estatal como expresión de la voluntad general. Históricamente, ha tenido transformaciones sensibles y opuestas. Sin embargo, en el siglo XXI, este tránsito se ha visto interrumpido por fenómenos como globalización, tecnocracia, crisis de representación… La globalización ha fragmentado la soberanía estatal, sometiendo decisiones clave a organismos multilaterales, mercados financieros y redes transnacionales. La tecnocracia ha desplazado la deliberación democrática en favor de criterios de eficiencia y experticia.
La crisis de representación ha debilitado el vínculo entre ciudadanía y poder, generando desafección y demandas de refundación institucional. En este contexto, la soberanía se convierte en un campo de disputa: ¿quién decide?, ¿a quién representa?, ¿a quién reconoce? La democracia actual enfrenta el reto de reconfigurar la soberanía como un proceso dinámico, plural y participativo, capaz de articular demandas sociales, garantizar derechos y construir legitimidad.
La soberanía externa es el reconocimiento de la autonomía de un Estado por parte de otros Estados, asegura que ninguna potencia extranjera pueda imponer su voluntad al Estado soberano. Si comparamos México con otros Estados Nacionales, obtenemos una idea de cómo se adapta la soberanía a diferentes contextos legales y políticos.
La soberanía interna se refiere a la autoridad del Estado para legislar, “cumplir y hacer cumplir las leyes” y mantener el orden dentro de sus fronteras. Se ejerce a través de instituciones que integran los poderes del Estado. Debemos reconocer la defensa externa que hace la jefa del Ejecutivo Federal, pero debemos exigirle la soberanía interna, que agresivos, corruptos, mentirosos, chantajistas, criminales, narcotraficantes, …, mancillan diariamente con franca impunidad.
La soberanía fortalece la democracia, es una construcción colectiva e histórica que refleja las formas de poder y legitimidad. En la devastación posmoderna la soberanía debe ser reimaginada para responder a los desafíos de la interdependencia global, la fragmentación social y la exigencia de reconocimiento. Implica una tarea ética y estratégica: devolver al pueblo el derecho a decidir, la capacidad de imaginar y construir el orden político que lo representa con el mandato de la ley.
¡Fortalecer el poder constituyente del pueblo!
¡Ampliar los mecanismos de participación
¡Construir instituciones que gobiernen, escuchen, representen y reconozcan al “Otro”!