Sector energético, entre las visiones políticas contrarias y la ética gubernamental
Las reformas en el sector energético, tanto la constitucional como ahora las leyes secundarias, han permitido conocer las dos visiones políticas que, de manera resumida, están presentes en el manejo del sector energético mexicano; son visiones contrarias entre sí, que plantean diferentes formas de llevar a cabo la explotación y el uso de los recursos del subsuelo del país.
La primera visión es la tradicional, que ha estado presente en México, de manera representativa, desde la expropiación petrolera efectuada por el presidente de la república Lázaro Cárdenas, en el año de 1938; la segunda visión política, se fue generando en los años ochenta, debido, particularmente, a las quiebras financieras del gobierno mexicano, que se iniciaron, por primera ocasión, al final de la administración del presidente Luis Echeverría, en el año 1976, siendo la última la de diciembre de 1994.
Ambas visiones políticas se contraponen el día de hoy, cuando se debate la mejor manera de proveer al país y su sociedad, de los recursos energéticos que requiere para llevar a cabo su desarrollo; son visiones que tienen como contexto en sus procesos de desarrollo, a la ética gubernamental, explicada como la ‘forma de hacer las cosas’, es decir, con corrupción o sin ella, propiciando unas u otras consecuencias.
La visión política tradicional está construida sobre varios argumentos: el petróleo es del pueblo y para los mexicanos; sólo el gobierno debe explotar, procesar y comercializar los recursos energéticos; se elevó a rango constitucional el exclusivo manejo de los recursos energéticos por el gobierno mexicano, constituyéndose el monopolio económico; la tierra es objeto de propiedad privada o comunal, pero los productos del subsuelo son propiedad de la nación; este esquema monopólico es garantía del desarrollo económico y social del país, debido a la aplicación y uso de la renta petrolera en manos del gobierno.
La visión política actual tiene como soporte, entre otros argumentos, los siguientes: el esquema monopólico ha perjudicado el funcionamiento de la economía del país –el efecto negativo del monopolio no se evita sólo porque la constitución diga que se justifique su existencia-; la competencia es una necesidad indispensable para el buen funcionamiento de la economía y de las empresas, sean del sector que sea; el gobierno tiene como función social el gobernar a la sociedad, y, por lo tanto, no el ser empresario; el que el gobierno sea rector de la economía y su regulador –y no empresario del sector energético-, no significa que esos recursos van a ser mal usados por las empresas privadas que participen en el sector, siempre y cuando el gobierno sea fuerte y cuente con un instrumental legal adecuado; el monopolio gubernamental no ha sido garantía de desarrollo económico y social de los mexicanos, ni de que la corrupción haya sido eliminada.
El esquema monopólico ha tenido varios efectos negativos: la pérdida de competitividad de las empresas públicas energéticas; la baja productividad de los bienes energéticos –requiriéndose su importación para satisfacer las necesidades nacionales-; el uso y abuso de la renta petrolera por parte del gobierno de la república, al despojar a las empresas de sus utilidades necesarias para su propia sustentabilidad, renovación y crecimiento; la creación y el mantenimiento de un sindicalismo partidista y desvirtuado; el desarrollo y crecimiento de la corrupción, etcétera.
Los resultados que está teniendo el desempeño de nuestra economía, muestran, en buena manera, las contradicciones políticas de las dos visiones: para un mayor crecimiento de la economía, se requieren las reformas energéticas, sin embargo –dicen los opositores-, el problema energético del país no se resuelve con ellas, por lo que es necesario regresar la constitución y las leyes del sector, a como estaban antes; la capacidad productiva de las empresas energéticas se resuelve dejando que sus propios recursos sean la base de su crecimiento y productividad, sin embargo, sus recursos utilitarios son indispensables para el gasto público social; el gobierno debe seguir siendo, de manera exclusiva, el administrador de los recursos energéticos, sin embargo, el esquema en que trabaja el monopolio, es insuficiente para incrementar la competitividad y la producción, y erradicar la corrupción.
En este contexto, ¿qué significa el ‘pasivo laboral’ de Pemex y CFE, que va a ser remediado en las leyes secundarias? Es otra resultante que pone de manifiesto la necesidad de efectuar las reformas: poner orden en las empresas para que funcionen, como cualquier otra empresa, cumpliendo con las leyes, incluidas las laborales. En este punto se manifiesta, también, el problema de la falta de ética gubernamental, en que, por ser empresas estatales, no ha importado el no cumplir con la normatividad laboral, que sí es exigida a las empresas privadas y se sanciona su incumplimiento.
La necesidad de que los gobernantes ejerzan el poder político con ética, es una condición obligada e indispensable para resolver los problemas del país. Una nueva legislación de energéticos, idónea y adecuada, no logrará los resultados esperados, sin la praxis de la ética gubernamental. El combate a la corrupción implica la conciencia que debe tener el gobernante, de no abusar de los recursos públicos ni desviarlos, y a esta conciencia la llamamos ética gubernamental.
La solución que buscamos al crecimiento económico para una mejor calidad de vida de los mexicanos, demanda un cambio de mentalidad en la visión del sector energético; los tiempos actuales ya no son los de los años treinta, ni política ni económicamente (el ‘hubiera’ no existe, sin embargo, permítaseme el exceso de preguntar ¿qué hubiera sido si las empresas petroleras en 1938, hubieran cumplido con el laudo laboral? El presidente Cárdenas no hubiera tenido motivo para su expropiación y nacionalización, y menos ya cerca de la terminación de su periodo de gobierno. La ocasión para alimentar el creciente nacionalismo mexicano, se la dio, precisamente, la rebeldía de las empresas; si hubiera sido su proyecto, lo hubiera ejecutado en los inicios de su gobierno).
La opinión de: Abelardo Reyes Sahagún