Santamaría recuerda la obligación de los jueces de aplicar la ley de justicia universal

Mayo 23 (2014).- El Gobierno no admite ningún fallo en la modificación de la legislación sobre la justicia universal, que ha tenido como consecuencia inmediata la excarcelación de 43 narcos vinculados con procesos de droga aprehendida en aguas internacionales. Preguntada en dos ocasiones sobre la cuestión y sobre las acusaciones de los jueces de la Audiencia Nacional, Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, ha trasladado toda la responsabilidad al Parlamento. “Este Gobierno como poder ejecutivo tiene que respetar las leyes que decide el poder legislativo, en este caso las Cámaras”.

Santamaría, después de las declaraciones indignadas de cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, muy molestos con la reforma, les conminó a aplicarla: “En un sistema como el nuestro de división de poderes el Parlamento aprueba las leyes y el Gobierno tiene la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir y los jueces de aplicarlas”. Santamaría recordó a los jueces que si nos les gusta la ley, deben seguir el procedimiento y recurrirla, pero no admitió la posibilidad de incluir ninguna reforma ni promover algún ajuste para evitar la sangría de excarcelaciones. “Los procedimientos para el caso de que se estime que una ley es contraria a la Constitución están ahí. Debemos respetar las decisiones que adoptan otros, es un asunto entre el poder legislativo y el judicial. Nadie puede considerarse al margen de la división de poderes”, aseguró.

Efectivamente, fue el Parlamento quien aprobó esta reforma. Pero lo hizo solo con los votos del PP y por el procedimiento de urgencia. No participó nadie más que el PP, que en este tipo de casos sigue las órdenes del Gobierno. La reforma se promovió, según admiten fuentes del Ejecutivo, para resolver un problema con el Gobierno chino, que amenazaba con bloquear distintas negociaciones económicas en marcha –China es una de las grandes apuestas inversoras para salir de la crisis- si no se frenaba el proceso contra la anterior cúpula por presunto genocidio en el Tíbet. Distintos ministerios, en especial Exteriores y Justicia, estuvieron detrás de esta reforma, según admiten estas fuentes, pero el Gobierno elude ahora cualquier responsabilidad.

Santamaría explicó la norma y los problemas. “El objetivo de esa reforma fue que los delitos de persecución universal quedaran vinculados a que la víctima fuera española, o el culpable español o en el caso del narcotráfico que el destino del cargamento fuera España. Las dificultades se plantean en juicios con barcos capturados en aguas internacionales y sin bandera ni tripulación españolas”. “Eso no quiere decir que estos delitos tengan por qué quedar impunes. Las autoridades españolas pueden denunciarlo ante la autoridad del país competente”, añadió. Esto es, que los excarcelados deberían ser juzgados en sus países de origen.

Santamaría también recordó que el Gobierno del PSOE ya reformó la justicia universal en 2009, entonces por otro conflicto diplomático, para dar satisfacción al Gobierno de Israel. “No es la única reforma de la justicia universal, ya se modificó en el 2009. A lo largo de distintas legislaturas el principio de justicia universal ha generado problemas en su aplicación y no es una novedad que se reforme”, aseguró la vicepresidenta.

Información y foto: CNN