Recrimina CCE política persecutoria del SAT

Aguascalientes, Abril 14 (2014).- El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Miguel Ángel Godínez Antillón, criticó severamente el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitiera un fallo para intervenir las cuentas bancarias de deudores del sistema hacendario mexicano, el representante de las cámaras empresariales, condenó la libertad con la que ahora actuará el Servicio de Administración Tributaria acompañado de la autoridad ministerial.

“De tal manera, que todo micro, pequeño y mediano empresario, que por condiciones económicas, de competencia nacional, desaceleración económica, crisis global, deslizamiento incontrolable del dólar, contracción del mercado mexicano, crecimiento de la inflación o cualquier otra situación de la que el sector productivo se ve impactado gravemente, y que por ello, no es posible pagar los impuestos con oportunidad, entonces, sin consulta o notificación previa, los capitales existentes en la cuenta bancaria, serán retenidos en tanto el empresario resuelve el pago de su rezago administrativo”, señaló.

Esta condición orilla a una reflexión entre los hombres y mujeres que construyen con su trabajo diario a la empresa de este país, que mantienen a sus gobernantes, que pagan la nómina exquisita de funcionarios públicos, que pagan muy caro impuestos, servicios, multas y recargos, lo mismo por servicios y trámites gubernamentales que por compras, rentas, créditos y servicios privados como telefonía, televisión, educación, salud y esparcimiento, y que además, deben soportar la tolerancia hacendaria y gubernamental al sector informal y la impunidad con la que trabaja y se adueña de los espacios públicos, señala Godínez Antillón.

Puso sobre la mesa ‘permanecer en la formalidad o integrarse a la informalidad’. “Finalmente parece que se trata de despojar a cualquier contribuyente de su precario capital, ejerciendo una acción fiscal para conciliar cada peso de ingreso con cada centavo de gasto, como si ser empresario fuera un delito a perseguir indefinidamente, dando cuenta mensual y anual al sistema tributario; acción que ningún gobernante, funcionario público o empleado de confianza lleva acabo, excepto por su declaración patrimonial anual, de alta o baja en el servicio público, pero que nadie va a intervenir en su cuenta bancaria, cerrarle la oficina pública o fiscalizar hasta en sus propiedades para responder al pedimento oficial de pago al fisco”.

La decisión del empresario profesional dijo es muy sencilla, México cuenta con hombres y mujeres orgullosos de sus valores y sus principios, nacionalistas puros y de convicciones firmes, los empresarios no renuncian a su firme determinación de ser los pilares de la nación, las columnas éticas y morales que construyen con liderazgo una sociedad trabajadora, la que diariamente se levanta para generar recursos, la que mueve la economía del hogar y del sistema productivo; la decisión del empresariado es fortalecer y consolidar la economía nacional, no desde el discurso, sino en la planta de la empresa, en la línea de producción, en la oficina de servicios y en el tránsito de la distribución de los productos del agro y la pesca, ahí donde se genera el empleo, donde se crece como ser humano responsable y ejemplo social y de familia, la decisión es muy sencilla y contundente, abundó.

Haber otorgado sin restricción atribuciones ministeriales y libertad plena para intervenir cuentas bancarias y someter a investigación a cualquier empresario precisando condiciones de prácticas no seguras en la Ley Antilavado para su persecución injustificada, hace de la vinculación empresarial con el SAT, una relación perversa y ventajosa condenada a limitar el emprendedurismo y a desaparecer la vocación de empresa, refutó.

El Consejo Coordinador Empresarial Condena Enérgicamente, las prácticas de persecución y la atribuciones ministeriales que se le han otorgado al SAT, motivo por el que estaremos pendientes, todos los Organismos Empresariales de Aguascalientes de las acciones atentatorias en contra de la empresa micro, pequeña y mediana que sea hostigada para emprender las acciones legales e interponer los instrumentos necesarios para hacer valer el derecho y la seguridad de las empresas en el Estado, advierte.