Piden diputados cuentas al Procurador

Aguascalientes, Noviembre 24 (2014).- En el marco de la comparecencia del Procurador General de Justicia, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ante las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales, legisladores de diversas fuerzas políticas que integran la LXII Legislatura, solicitaron información detallada de las acciones de la dependencia a su cargo en materia de delitos, desaparición de personas, derechos humanos, infraestructura e inversiones para insertarse en el nuevo sistema de justicia penal.

Como parte de la glosa correspondiente al cuarto informe de la administración estatal del priista, Carlos Lozano de la Torre, la diputada María de los Ángeles Aguilera Ramírez, demandó cifras de personas desaparecidas pidió la ampliación de esta información y el estatus de las investigaciones, así como de las averiguaciones previas que se siguen sobre estos casos.

Al respecto, Muñoz Vázquez expresó que la PGJ cuenta con una área y grupo específico para atender este tipo de casos y que muchos de ellos son “porque algunas personas se ausentaron por voluntad propia; refirió que a partir de 2011 se registraban 81 casos; en 2012, 76; el año pasado se registraron 347 casos, de los cuales nos quedan 15 por resolver; y en lo que va de este año van 375 casos, y de los cuáles sólo restan 17 por resolver. Puntualizó que los que se ven involucrados en estos temas en su mayoría jóvenes.

En cuanto a la investigación del caso de la joven Cristal, indicó que sigue su curso y reconoció que aún no se sabe del paradero de esta persona, sin embargo afirmó que la conclusión “será exitosa”.

Juan Manuel Méndez Noriega, vocal de la Comisión de Justicia, preguntó sobre cómo se está preparando la Procuraduría General de Justicia para enfrentar el nuevo sistema de justicia penal, con la conciliación y negociación de conflictos; de igual manera, pidió al funcionario ampliar la información con respecto a los casos de presunta tortura señalados por la opinión pública.

El fiscal estatal, aseguró que en días recientes el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Eduardo Martín Jáuregui aclaró que “son 8 denuncias por supuesto casos de tortura y no 254 como se había venido señalando”, atribuyendo los señalamientos públicos en ese sentido a una campaña de desprestigio contra la institución, derivada de grupos delictivos que operaban en la entidad y que fueron acotados.

En el tema de conciliación y mediación, dijo que están emprendiendo la capacitación de peritos y agentes del ministerio público, buscando los mejores perfiles profesionistas como abogados, trabajadores sociales, psicólogos, aunado a la inversión para la construcción de módulos de atención y dos agencias especializadas, señaló.

Jesús Rangel de Lira, cuestionó la gran carga de asuntos por resolver en las 11 agencias del Ministerio Público, y en los que actualmente registran 10 mil expedientes en comparación a los mil que existían hace tres años, sí se considera alguna re orientación en su presupuesto para sub sanar esta situación.

En este sentido, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez reveló que anteriormente el 95 por ciento de las averiguaciones se enviaban a reserva sin siquiera haber iniciado la averiguación previa. Y reconoció que “no nos da la capacidad para dar respuesta a cada una de las averiguaciones, pero con la estrategia de combatir la delincuencia organizada y delitos de alto impacto se ha logrado la detención de organizaciones criminales y con ello se resolvieron hasta 40 casos que se derivaban de otros ilícitos”.

Luis Fernando Muñoz López solicitó una explicación de cómo la Procuraduría General de Justicia se está preparando para insertarse en el nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial.

En respuesta, Muñoz Vázquez aseveró que la PGJ está emprendiendo inversiones importantes en materia de infraestructura, con la puesta en marcha de Módulos de Atención Temprana, el Centro de Justicia, Salas de Juicios Orales, orientando recursos para equipamiento por más de 89 millones y en tecnología se destinaron alrededor de 15 millones de pesos.

El diputado del PAN, Leonardo Montañez Castro, pidió al Procurador que precisara sobre el número de averiguaciones previas en casos de de robo, violencia de género e intrafamiliar que registra la dependencia, aunado a las acumuladas en años anteriores,

A este respecto, el titular de la PGJ dijo que uno de los principales delitos es el robo por lo que consideró que se debe privilegiar la prevención, y por ello “nos hemos dado a la tarea de emprender mecanismos para reducirlos, aunado a estrategias de atención a los casos de violencia de género y la intrafamiliar”. Reiteró que en el Centro de Justicia para Mujeres se atenderán de manera integral dichas problemáticas sociales.

Sostuvo que han desmembrado grupos criminales de otros estados, incluso una “banda de origen colombiano llamada, Los Trajeados, dedicados al robo de casa habitación y que operaba aquí, y de la cual se logró su aprehensión.

Jorge Varona Rodríguez, preguntó sobre el estatus que guardan los casos de peculado y de ejercicio indebido del servicio público, en los que están involucrados varios funcionarios de la pasada administración estatal, así como la situación que enfrenta en la actualidad el “señor Martín Orozco Sandoval”.

Al responder la pregunta, el Procurador informó que existen “26 procesos en inspección, 5 averiguaciones previas en trámite, 5 en contra del ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat, quien está amparado ante la acusación de delito de peculado y quien a su pagó una fianza de 30 millones de pesos y acude a firmar cada miércoles; en el caso del tomógrafo, algunos ex servidores públicos enfrentan órdenes de aprehensión.

En cuanto al caso Orozco Sandoval, indicó que enfrenta dos acusaciones por el delito de ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias, mismos “juicios que están suspendidos por el fuero que ostenta como Senador”.

A su vez, el legislador del PAN, Israel Sandoval Macías, señaló que la cultura de la denuncia en nuestro país es muy baja, debido a la poca confianza que hay de la ciudadanía hacia las autoridades, sumado a los procedimientos poco rápidos que se llevan en la investigación del delito. Por ello, cuestionó al funcionario sobre cuál es la estrategia que sigue la dependencia para revertir esta situación.

Muñoz Vázquez dijo que se puede demostrar lo contrario, pues en lo que va de este año la PGJ ha expedido 961 órdenes de aprehensión, derivadas de las averiguaciones previas e investigaciones de diversos delitos, por lo que reconoció que faltan mejores resultados en el castigo de delitos, sin embargo aseguró que se está en vías de avanzar, “pues un sistema que ha operado durante 40 años no es fácil modificarlo en uno o dos años”.

Adolfo Suárez Ramírez, abordó el tema de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión para referir que en 2014 la PGJ emitió mil 900 averiguaciones, representando un 63 por ciento de efectividad, sin embargo el Supremo Tribunal del Estado rechazó 722 órdenes de aprehensión de la Procuraduría, tras argumentar irregularidades e inconsistencias en la integración de las averiguaciones, por lo que cuestionó el por qué de esta situación.

Ante estos datos, el funcionario estatal sostuvo que de acuerdo a diversos estudios de evaluación que aplicó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), uno de los resultados que arrojó es que “la PGJ de Aguascalientes es la que registra menores índices de corrupción a nivel nacional”. Sobre la negación del Poder Judicial para avalar las órdenes de aprehensión, sostuvo que es por una diferencia de criterios jurídicos que existe entre ambas instituciones en algunos casos.

Cuauhtémoc Escobedo Tejada, en su calidad de invitado a la comparecencia, solicitó el uso de la palabra para referir los casos de las detenciones y encarcelamiento de periodistas y policías por presuntos nexos con el crimen organizado, y que ahora tras meses de juicio fueron liberados por comprobarse su inocencia; ante esto solicitó al Procurador precisiones del por qué se dieron estas situaciones.

En respuesta, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, aclaró que éstas averiguaciones previas se consignaron en la Procuraduría General de la República (PGR) y con ello “no me estoy lavando las manos, sin embargo la dependencia a mi cargo sólo acompañó los procedimientos”; negó que la PGJ haya “fabricado pruebas como se dijo”.