Pide Diputada investigar presunta corrupción en el OSF

Aguascalientes, Marzo 13 (2014).- La Diputada del Partido Acción nacional (PAN), Martha Márquez Alvarado, propuso a sus compañeros de legislatura, un punto de acuerdo, para que el Pleno, “exhorte al titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, para que se apegue a la normatividad vigente, y sea garante de la legalidad y el estado de derecho”.

La representante popular en su exposición de motivos, señala que el organismo encargado de fiscalizar el buen manejo de los recursos públicos, debe contar con la posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, al momento de sacar adelante su trabajo, de acuerdo con el reglamento interno de operatividad.

Márquez Alvarado, reveló que el Auditor Superior, Arturo Solano, está incumpliendo al no presentar el informe obligado a la Comisión legislativa, mediante el cual dé a conocer el estado que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas en contra de las instituciones auditadas.

“Durante el presente periodo ordinario de éste primer año legislativo, no se ha presentado, ni se ha informado en las sesiones de Comisión de Vigilancia, de la entrega realizada por el Órgano Superior de Fiscalización sobre el informe trimestral en comento”, señala la asambleísta.

Aunado a lo anterior, señala, “actualmente la página web del OSF presenta un error al ingresar al link de la Cuenta Pública, lo cual limita la consulta ciudadana sobre el Informe de Resultado emitido por dicho ente, respecto de las cuentas públicas ya revisadas”.

La promovente recuerda que son facultades del Auditor Superior, la representación legal; la administración de los recursos financieros, humanos y materiales; así como, el nombramiento y remoción de los servidores públicos del Órgano, entre otras tantas, como bien se define en el artículo 100 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes.

Le recuerda además que la propia Ley de Fiscalización establece las prohibiciones, impuestas al Auditor Superior y a los Directores del Órgano Superior, durante el ejercicio de su cargo y también la Ley establece impedimentos para practicar auditorias, visitas e inspecciones, o en su caso, para continuar con el conocimiento de algún asunto materia de su competencia.

Por todo lo anterior, considera que de conformidad con el Principio de Legalidad, la primacía de la Ley es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas.

“El Órgano Superior de Fiscalización, tiene desde su concepción y objeto, la clara responsabilidad de ser un garante de la Ley y del propio Estado de Derecho y está sujeta la permanencia en base a la evaluación del propio Congreso”.

Le recomienda excusarse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad y que debe desempeñar su cargo sin obtener o pretender obtener para sí o para otras personas, beneficios adicionales a las contraprestaciones que el Estado le otorgue por el desempeño de su función.

Finalmente exige una investigación sobre una supuesta prestación de servicios por parte del Despacho de Contadores Públicos y Consultores “RSM Bogarín” y que de ser cierto, se apliquen las sanciones correspondientes al procedimiento de Responsabilidad Administrativa Disciplinaria, o en su caso se de vista al ministerio público si se presume la comisión de algún delito por incurrir en una responsabilidad administrativa.