No dar paso sin consulta / Opinión
Ana y Gerardo recorrieron algunas cuadras en busca de la mesa receptora de la consulta popular. La escuela donde se instaló la casilla en la que votaron a principios de junio estaba cerrada y había, pegado a la reja, un aviso garabateado a mano con la ubicación de la mesa correspondiente, a cuyo ingreso se cruzaron con una pareja de la tercera edad que se retiraba sin haber opinado, porque allí no le tocaba ejercer su derecho a la participación.
El domingo 1º de agosto de 2021 se celebró en México la primera consulta popular según los cauces establecidos por la Constitución. A cuentagotas, las urnas fueron recibiendo las opiniones de la ciudadanía sobre el enjuiciamiento a ex presidentes; finalmente acudió el 3.7% del millón 23 mil 134 aguascalentenses que se encontraban en condiciones de contestar a la pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Este mecanismo de participación ciudadana abre a ciudadanas y ciudadanos la posibilidad de expresar su opinión respecto a un tema de trascendencia nacional, es decir, que repercuta en la mayor parte del país e impacte en una cantidad significativa de su población. Para que la voluntad popular resulte vinculante -de obligatorio cumplimiento- para los poderes Ejecutivo y Legislativo, la consulta debe contar con la participación de al menos 40% de las personas inscritas en la lista nominal. Dicho instrumento fue reconocido por el Estado Mexicano en 2014, luego de dos décadas de exigencia por parte de la sociedad civil.
La Consulta Popular 2021 fue propuesta por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 15 de septiembre de 2020 a la Cámara de Senadores y, posteriormente, el 1 de octubre de ese año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó su constitucionalidad, no sin antes ajustar la pregunta al marco normativo, en medio de señalamientos por su lenguaje calificado como abstracto y legalista. El 19 de noviembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para que el INE, órgano encargado de su organización, convocara a la consulta a partir del 15 de julio de 2021, apenas ocho semanas después de las elecciones intermedias. En Aguascalientes, la jornada histórica contó con 605 centros de votación, poco más de una tercera parte de los que operaron en los pasados comicios (1,712) en los que también hubo casillas especiales para que las personas que se encontraban fuera de su sección pudieran elegir representantes.
Como observadora de este ejercicio, tuve la oportunidad de recorrer algunas mesas y constatar la movilización ciudadana en el cuarto estado con menor respuesta al proceso participativo. Antes de mediodía, se congregaron varias personas en otro de los centros de votación pero por la tarde decayó la afluencia, comentó una funcionaria que hojeaba la lista nominal fumándose un cigarro, mientras otro de sus compañeros acariciaba al perro que dormitaba bajo la mesa. Los adultos mayores, dijo, fueron los principales asistentes.
El debate en torno a la consulta popular se dio más en la arena de la confrontación política que de la democracia participativa, de modo que las narrativas predominantes, tanto a favor como en contra de la misma, partieron de la perspectiva de los partidos. Tal vez por eso gran parte de la sociedad entendió este ejercicio como una encuesta de popularidad del Presidente y del partido en el gobierno, y no como una herramienta de deliberación pública y rendición de cuentas.
El llamado de algunas voces de oposición fue a no opinar en absoluto pues cualquier respuesta nos volvería, de facto, simpatizantes del proyecto obradorista. También se dijo que la ley no se consulta, aunque esté plagada de vacíos y contradicciones; o bien, a no ser partícipes del derroche de 528 millones de pesos -costó de organización, de acuerdo con el INE- porque es preferible tirar a la basura blocs completos de papeletas en blanco antes que, en todo caso, emplearlas para hacer patente el disenso.
Al cierre de la jornada consultiva, el Presidente, Secretario y Escrutadora de la última mesa receptora que visité, muy jóvenes, desmontaron las mamparas y, como marca el procedimiento, procedieron a la inutilización de las -cientos de- papeletas sobrantes. Después separaron y contaron acuciosamente los votos, asegurándose de que estos coincidieran con el número de personas que se presentaron a emitir su opinión. Concluido el escrutinio y cómputo, apenas
pasadas las 19:00 horas, la y los funcionarios armaron y trasladaron el paquete a la correspondiente Junta Distrital Ejecutiva, con la certeza de haber hecho lo mejor posible una labor para la que fueron preparados a contrarreloj, debido a la deserción del funcionariado que se desempeñó en la anterior mesa directiva de casilla, que había sido designado para repetir nuevamente el encargo.
Este primer acercamiento nacional a la democracia participativa develó áreas de oportunidad en la legislación que garantiza que la voluntad popular tenga eco en las esferas de gobierno, pero también puso de relieve la necesidad de empoderamiento de la ciudadanía en los asuntos públicos. La participación en mecanismos como la pasada consulta forma parte de nuestra responsabilidad cívica, para tender puentes entre autoridad y ciudadanía mediante la conciliación, conferir de legitimidad la toma de decisiones y elevar la calidad de la gestión pública. Porque aquello que, con toda certeza molesta a la ciudadanía, es la posibilidad de que el gobierno justifique sus acciones en procesos de simulación y no en el auténtico consenso ciudadano, por eso, esperemos que sea el primero de muchos ejercicios para que, algún día, no dar paso sin consulta.
Por: Hilda Hermosillo Hernández