«Napo» debe regresar los 54 mdd antes de ser Senador: Muñoz
Aguascalientes, Junio 06 (2018).-La Diputada Federal Arlette Muñoz reprochó que Napoleón Gómez Urrutia, el todavía Secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros que se mantiene en el exilio en Canadá, pretenda volver al país cuando tenga un escaño asegurado en el Senado de la República, sin antes entregar cuentas sobre el desvío de 54 millones de dólares pertenecientes a trabajadores mineros de Grupo México.
Al hablar a favor del dictamen por el que se exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a ejecutar el laudo que obliga a Gómez Urrutia a repartir dicho fondo entre los mineros de Grupo México y otras empresas, la legisladora por Acción Nacional cuestionó los lujos con los que ha vivido en el extranjero el hoy candidato plurinominal al Senado por MORENA.
“¿O cómo es que justifica (Gómez Urrutia), compañeros legisladores, que desde hace 12 años ha vivido en el exilio en Vancouver con toda clase de lujos, como un departamento de 1.8 millones de dólares?”, expresó en Tribuna.
La Diputada Federal señaló que si el hoy señalado por las autoridades de nuestro país no rinde cuentas sobre el destino del fideicomiso constituido con las aportaciones de trabajadores mineros y regresa al país únicamente para tomar protesta en la Cámara alta, quedará libre el camino para que los espacios en los recintos parlamentarios sean usados como prebendas electorales.
“Hoy que un sector muy importante de esos trabajadores mineros exige con justa razón la devolución de ese fideicomiso, es indispensable que traigamos su reclamo al interior del Congreso de la Unión. El Sindicato de Trabajadores Mineros y su Secretario Napoleón Gómez Urrutia deben aclarar dónde están esos recursos”, acusó durante su intervención.
La legisladora del blanquiazul reconoció que es obligación de los partidos políticos garantizar que los perfiles de los candidatos a los distintos cargos de representación popular estén libres de cualquier señalamiento y si hay pendientes con las autoridades del país se dé prioridad a la aplicación de la justicia, por encima de razonamientos electorales.
El dictamen con Punto de Acuerdo, propuesto por los legisladores del Partido Acción Nacional, fue aprobado por unanimidad por el Pleno de la Comisión Permanente.