Los Derechos Humanos en México
La semana que recién terminó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- emitió un informe en el cual deja sin lugar a dudas, y al descubierto, la situación por la que pasa el país en cuanto a la violación a los derechos humanos, sobre todo en cuanto a ejecuciones extra judiciales, torturas, secuestros, inseguridad ciudadana,, violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, detenciones por causas políticas, y violación permanente a las leyes, que obligan a la autoridad a respetar los derechos fundamentales.
A causa de esta resolución, de inmediato el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazaron el informe y lo consideraron como un instrumento que parte de premisas y diagnósticos erróneos, y que la metodología utilizada por el organismo regional (OEA) tuvo un sesgo inicial equivocado.
Se mencionan casos que no es posible olvidarlos y menos hacerlos a un lado, por ejemplo el caso de Tlataya, en el Estado de México, ocurrido en 2014; los de Apatzingán, Michoacán de 2015; los de Tanahuato, Michoacán, en 2015. Y el que menos se olvida: el de Iguala, Guerrero, con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, el cual, hasta la fecha, no se ha podido resolver; y este año el caso de cinco jóvenes desaparecidos, y al parecer asesinados, en Tierra Blanca Veracruz. En todos los casos, desafortunadamente, se han visto involucrados agentes del orden, amafiados con los grupos criminales de la región, los cuales, en lugar de proteger a la ciudadanía, se han aliado a estos asesinos y cometido esas barbaridades.
También se hace mención de que a la fecha en México hay 26,798 personas desaparecidas, de las cuales no se sabe su paradero, y sobre todo si están vivos, por lo que sus familias siguen viviendo una pesadilla permanente; solamente, como ejemplo, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, han desaparecido una cantidad de personas muy por arriba de la media nacional, pues se reporta que son 227 personas desaparecidas por cada 100,000 habitantes. Se tiene registrado que durante la presente administración se han cometido 94,000 homicidios. Estos datos, se quiera o no, no pueden ser soslayados; deben ser tomados en cuenta en lo referente a lo que sucede en nuestro país.
El secretario de gobernación, en un evento público reconoció que han sido liberados en el país 4,000 personas indígenas que estaban detenidas porque durante su proceso no tuvieron acceso a un intérprete, algo verdaderamente monstruoso y solo se anunció su liberación, pero no se dijo que tipo de castigo se aplicaría a aquellos que los apresaron y condenaron tantos años a estar en prisión, pues así la impunidad sigue dando paso a este tipo de delitos.
Hoy nos damos cuenta el porqué de la aparición de autodefensas y policías comunitarias, en los lugares apartados, donde jamás serán atendidos los habitantes de esas pequeñas comunidades y son víctimas de los grupos criminales.
La Suprema Corte de la Nación acaba de ordenar que la PGR entregue los archivos de las investigaciones del asesinato terrible y masivo de San Fernando, Tamaulipas, en el cual fueron asesinados 83 migrantes, por un grupo de criminales: lo raro es que la dependencia se había negado a entregar los informes a los familiares de los sacrificados, y ahora deberán de hacerlo; ahí se verá el interés que hubo en su momento de investigar, y castigar, a los culpables de ese homicidio colectivo, y se sienta un precedente para que se informe a más víctimas, que no saben que se ha hecho en sus casos.
Como siempre ya hay algunos que hablan de que este informe responde a un enfrentamiento del secretario ejecutivo del organismo internacional, Emilio Álvarez de Icaza, contra la actual administración. Según ellos, porque no le apoyaron a ser el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Creo que no debemos de entrar en este tipo de discusiones, basta con que se haga una encuesta nacional sobre este asunto de la violación de derechos humanos, sobre todo en las regiones más castigadas con estos crímenes, y la emigración inter estatal, que se está dando por la impunidad con la que operan los criminales, y la complicidad de las autoridades, y que cantidad de delitos ya no son denunciados porque los asesinos le llaman a las víctimas, que ya saben que denunciaron, todo esto es una dolorosa realidad por la que está pasando nuestro país, aunque se niegue o se le dé un cariz político.