La efectividad cuestionada de la movilización social

En los últimos años, México ha tenido un importante aumento en las movilizaciones sociales. A partir del 1º. de enero del presente año, con motivo del incremento en los precios de los energéticos, se inició una nueva línea de movilización social; entre los objetivos que está planteando, se encuentran el regresar los precios al nivel que tenían en diciembre y desechar la reforma energética por lo que respecta al solo aumento de los precios -aunque los gobernantes digan otra cosa-.

El contexto de esta movilización está determinado por dos elementos que se confrontan entre sí: el primero es la justificación que maneja el Gobierno de la República, resumida en tres puntos básicos, como son el incremento en el precio del barril de petróleo en el mercado internacional, la necesidad de igualar los precios internos a los externos, y que este incremento de precios a los energéticos, dice, no impactará los demás precios de los productos, por lo que no tienen por qué subir. Los tres puntos se han convertido, exactamente y como confrontación, en los fuertes motivadores y sustentadores de la movilización ciudadana.

Las acciones preferentes de la movilización que se ha dado en muchas ciudades de la república, han sido las comunes, como son marchas, plantones frente a instalaciones, cierres de carreteras, paso libre por casetas de autopistas, etcétera. Así mismo, la reacción común ante la incomodidad de los problemas que generan a otros ciudadanos, ha sido la de considerar las movilizaciones como inútiles, ya que no logran sus objetivos, como son los son los señalados en líneas arriba.

De esta manera, se genera un escenario difícil para la sociedad: por un lado, los ciudadanos se inconforman ante determinadas decisiones de gobierno, y se lanzan a la movilización; y, del otro lado, dichas movilizaciones frecuentemente no logran los objetivos propuestos. Razón por la que, el siguiente paso es, tener que sobrellevar la incomodidad de las manifestaciones a sabiendas de que se volverán interminables, al no lograr lo que se proponen.

La pregunta inducida es, consecuentemente, ¿por qué la movilización social en nuestro país, por lo general, es inefectiva? En el mundo encontramos significativos ejemplos de movilización social efectiva; la llamada Primavera Arabe, por citar un caso reciente y de un efecto importante a pesar de los problemas que acarreó a algunos países, logró el cambio de gobiernos que llevaban en el poder muchos años; la movilización ciudadana se apoyó en el uso de las redes sociales.

Encontramos también movilizaciones en otros países que, como noticia destacada en varios campos de la sociedad y el gobierno, han llegado a nuestro país, como son España, Italia, Gran Bretaña, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, o República Dominicana -con las protestas ‘Por el fin de la impunidad’ debido a los sobornos dados por la empresa Odebrecht a gobernantes, como también hicieron en otros países-.

Es claro, entonces, que en México la movilización social difícilmente cuenta con el respaldo de la sociedad, siendo un motivo fundamental para no lograr los objetivos propuestos. Es oportuno analizar algunos puntos por los que la sociedad no cree en las acciones de protesta, y, por lo tanto, las considera más bien como problema y no como solución.

La experiencia de la movilización en México ha sido negativa, ya que ha predominado la manipulación de los ciudadanos para ser movilizados, sobre las motivaciones auténticas y justificadas. Las ‘grandes’ marchas, en el historial mexicano, están las convocadas por el corporativismo de los gobiernos, en las que participaron los obreros, campesinos y organizaciones populares, para manifestar apoyo, principalmente, a los presidentes de la república o a gobernadores de estado, pervirtiendo así el sentido social de la acción.

Las movilizaciones auténticas que están en la historia del país, fueron, precisamente, las que mostraron inconformidad a políticas públicas y decisiones de gobierno que perjudicaron a la sociedad; estas marchas, evidentemente, fueron descalificadas y, en muchos casos, reprimidas, siendo las de maestros, ferrocarrileros y estudiantes las más recordadas. El efecto lamentable para nuestra actualidad, fue la desacreditación de la movilización social, su reducción a expresiones inocuas, y la pérdida de su utilidad social.

Hoy en día observamos una alta cantidad de manifestaciones y protestas que se llevan a cabo, sin lograr los objetivos planteados. Observamos en algunos casos que la manifestación se convierte en sí misma en el objetivo, dejando de ser un medio; es decir, basta con lograr una concentración pequeña, que ‘haga ruido’, y que deje constancia, para dar satisfacción a los organizadores (es más, pagan a la gente para estar presentes las que, cuando son entrevistadas por reporteros, no recuerdan cuáles son las demandas de la manifestación). Una cantidad pequeña de personas, puede bloquear el paso en una vía de comunicación donde circulan miles; no van más allá, pese a las consignas expresadas.

Las marchas contra el ‘gasolinazo’ que se vienen realizando desde hace semanas, parecen estar mostrando un nuevo aire a la movilización social. Sin embargo, para establecer una nueva época es necesario tener en cuenta algunas características: deben dejar de ser acciones aisladas e inconexas (los grupos que se movilizan en las diferentes ciudades pueden articularse); la presión debe ejercerse sobre personas e instituciones precisas (gobernantes y dependencias), no impersonales; los puntos demandados deben responder a condiciones injustas y ser viables, para que el gobernante acceda; la movilización debe tocar tanto la responsabilidad del gobernante como la necesidad obligada de dar una respuesta inmediata, entre otras características.

Es un logro que el pasado viernes el gobierno haya anunciado que no aumentará el precio de las gasolinas; el logro durará 2 semanas, y ¿después?

Sólo hasta que un gobernante se ve ‘acorralado’, entonces también se ve obligado a dar una respuesta inmediata y efectiva a la demanda social, (no engañosa y huidiza); mientras no se colectivice una demanda y suceda esta circunstancia, el gobernante continuará tomando decisiones sin considerar a la sociedad, porque lo puede seguir haciendo.