Justifica MORENA su Impugnación
El pasado jueves 16 de junio, MORENA presento en tiempo y forma un recurso de nulidad para impugnar la elección de Gobernador por la intromisión del clero antes, durante y después del proceso electoral. Según actas de las sesiones de la Junta Local del INE días antes del desarrollo de la jornada electoral nuestro representante ante esa autoridad solicitó la intervención de la FEPADE y la Fiscalía Electoral para que se apersonaran en templos de culto católico y constatar la intervención del clero en el proceso electoral. Se acopiaron pruebas y se decidió utilizar los medios de impugnación que la ley nos otorga.
MORENA no será cómplice de atentar contra la ciudadanía y mucho menos contra los principios del Estado Laico en razón de que no somos un partido antirreligioso ni visceral. Entendemos que el laicismo defiende los valores republicanos; los de una sociedad democrática e integradora, donde individuos y colectivos se pueden sentir respetados en su particularidad en un marco de convivencia como ciudadanos con iguales derechos, sin peligro de que los propios puedan verse atropellados por la superior fuerza de otros.
Es el Estado y no el Partido Acción Nacional el que debe garantizar el bien común. La Soberanía Nacional reclama para sí y en exclusiva las competencias que hacen referencia a los derechos y deberes de todos los ciudadanos sin distinción, proclamando su autonomía y preeminencia con respecto a cualquier otro poder, a la vez que restituye al dominio público los bienes y espacios usurpados ancestralmente por instituciones privadas. Los jerarcas del catolicismo se resisten a renunciar a su antiguo papel tutelar, no sólo sobre la moral y la conciencia de los individuos, sino sobre el propio Estado y sus leyes y Aguascalientes es el mejor ejemplo nacional.
MORENA sostiene que los creyentes honestos, están en su derecho de preservar su intimidad y dar testimonio de la fe que profesan, al mismo nivel que los adeptos a otras creencias o convicciones, en ejercicio de su autonomía evitando toda confusión entre el plano político que corresponde a la ciudadanía y el religioso que pertenece a la conciencia personal y al ámbito privado.
Al margen de circunstancias sociológicas y de los sentimientos personales, está el principio de derecho de la separación entre Estado e iglesias, la preservación del espacio público frente a cualquier apropiación de carácter particular, lo que exige entre otras cosas la neutralidad religiosa e ideológica de las instituciones, espacios y actos públicos. Esa neutralidad no puede ser entendida de forma retorcida como pasividad ante la invasión de lo público por el Partido Acción Nacional, sino como exigencia de abstención o reserva de todo aquello que, siendo lícito en el ámbito privado, no puede tener la pretensión de traspasar sus propios límites y de imponerse en el espacio que es de todos. De ninguna manera MORENA puede admitir que el ciudadano, el que paga impuestos y elige gobernantes termine financiando proyectos particulares, cualquiera que sea la opinión que le merezca su finalidad. El dinero público no debe destinarse bajo ninguna forma a entidades privadas, entre las que se incluyen las confesiones religiosas, el mantenimiento de sus cultos y ministros, así como cualquiera de sus proyectos y actividades.
El PAN no debe hacer uso partidista de los cargos públicos y utilizar las instituciones de todos para provecho de intereses particulares al margen de las leyes y normas comunes que exigen igualdad de trato para todos los ciudadanos con independencia de sus ideas y adscripción política. En México no ha lugar para la intervención de autoridades eclesiásticas en actos oficiales, ni a la presencia de ministros de las confesiones religiosas en los espacios públicos, porque supone permitir el uso sectario de instituciones que representan al conjunto de los ciudadanos y están sostenidas por todos. Las declaraciones del Obispo de Aguascalientes y su comportamiento cotidiano, revelan animadversión al Estado Laico y a sus libertades que nunca han sido aceptadas por los ministros de su iglesia.
De hecho, el Vaticano no ha suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos ni se ha resignado a perder el control sobre la educación monopolizado por ella durante siglos. El empeño de las distintas iglesias y confesiones en mantener prerrogativas del pasado y la debilidad de muchos gobiernos ante sus presiones, hace que persistan situaciones contrarias a los principios de un Estado de Derecho y Democrático. Estos son los argumentos fundamentales que llevaron a MORENA a presentar el recurso de nulidad y los tribunales tendrán la última palabra.
(Carta a la Opinión Pública)