Jalón de orejas del Observatorio Social para la FGE y STJ
Aguascalientes, Febrero 07 (2017).-El Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado, y la Clínica Jurídica Especializada en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, llamaron a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial, poner atención al grave problema de violencia contra las mujeres que se encubre desde esas instancias de justicia.
El Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado, así como la Clínica Jurídica Especializada en Derechos Humanos, reitera el llamado urgente a la sociedad civil aguascalentense, a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para que exista un compromiso urgente en atender el rezago que el Estado de Aguascalientes viene arrastrando en esta dolorosa causa, «si en verdad lo que deseamos es transformar y mejorar la calidad de vida de las mujeres, las autoridades y la ciudadanía debemos asumir la obligación de erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres”.
Los activistas recuerdan que México suscribió la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém Do Pará” en 1995, aprobada por el Senado en 1998, y entrando en vigor el 12 de diciembre de ese mismo año.
A más de 18 años de la suscripción y entrada en vigor de la Convención en nuestro país, y de los avances logrados gracias a la deliberada persistencia del movimiento feminista en el contexto nacional, podemos afirmar que aún son insuficientes las políticas públicas, medidas, leyes, reglamentos y protocolos que se han suscrito y publicado para acabar, sancionar y prevenir la violencia en la vida cotidiana de las mujeres.
Por otro lado, es de resaltar que no se cuentan con mecanismos efectivos para dirimir controversias relacionadas principalmente con la guarda y custodia de los menores, ya que estos mecanismos si bien sí están contemplados en el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles del estado, se están omitiendo en lo que corresponde a las medidas que de oficio los juzgadores pueden y deben tomar y a petición de parte suelen demorar meses, aunado a que cuando se trata de situaciones que se presentan durante períodos vacacionales no existen guardias en los juzgados familiares que atiendan este tipo de situaciones con la celeridad requerida, lo que permite que niñas, niños y adolescentes se conviertan en botines de guerra, violentándoles y, en muchos casos, a las mujeres.
Ante ese escenario, exhortan al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, a unificar criterios en las clínicas procesales de los Juzgados Familiares para que sean aplicados éstos con perspectiva de género y acorde a prácticas procesales en materia de Derechos Humanos y que nuestro país ha signado.
Se debe tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer, rematan.