Exigen que Juan Manuel Oliva rinda cuentas en Guanajuato

Ciudad de México, Mayo 06 (2014).- En los últimos días, Juan Manuel Oliva Ramírez, quien busca la Secretaría General del Partido Acción Nacional (PAN) en fórmula con Ernesto Cordero, candidato a la presidencia de ese instituto político, repite una idea en su cuenta de Twitter con la que no están de acuerdo usuarios de redes sociales y guanajuatenses que, cansados de abusos por parte de la clase política, formaron en 2011 el movimiento Ciudadanos Hartos.

“@OlivaPAN: El PAN siempre ha entregado buenas cuentas, debemos dejar de ser oposición y volver a ser gobierno #GanamosConErnesto #VoyCorderOliva”, ha escrito, por ejemplo, en Twitter durante la campaña.

Pero por lo menos en Guanajuato la gente sigue esperando que el exgobernador Oliva rinda cuentas de las “obras faraónicas” que realizó durante su mandato, por más de tres mil millones de pesos y cuya información decidió reservar en algunos casos hasta 2024, acusó Roberto Saucedo Pimentel, representante legal de la ahora asociación civil Ciudadanos Hartos.

“No creo que el señor tenga la cara para decir que en caso de llegar a la Secretaría General del PAN habrá de tener una actitud honesta, definitivamente pienso que el señor Ernesto Cordero se equivocó en su compañero de fórmula, no puede hablar de honestidad con Juan Manuel Oliva a su lado”, aseguró el también abogado.

El 29 de marzo de 2012, Oliva Ramírez solicitó licencia para abandonar la gubernatura de Guanajuato e incorporarse a la fallida campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota, como secretario general adjunto de elecciones del PAN.

Una vez que dejó el poder, el político originario de León, quien prometió más de 20 millones de votos a Vázquez Mota, de los que sólo consiguió 12 millones, declaró a la prensa que se iba porque es “un soldado de Guanajuato, un soldado de México, un soldado del Partido Acción Nacional”.

La semana pasada, un usuario de Twitter con tres mil 860 seguidores identificado como @tolito41 escribió en respuesta a los mensajes del exmandatario estatal: “@OlivaPAN Aquí En Guanajuato Estamos Esperándote a Que Nos Entregues Cuentas VIVIDOR ESCURRIDIZO”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el paso de Juan Manuel Oliva por el gobierno de Guanajuato la deuda del estado creció 430 por ciento, al pasar de mil 972 millones de pesos a ocho mil 499 millones de pesos al cierre de 2011.

Con la solicitud de licencia, el otrora jefe del Ejecutivo guanajuatense y que ahora busca un sitio en la dirigencia nacional del PAN, que vive falta de unidad y acusaciones de corrupción en plena contienda interna, trató de dejar atrás un alud de señalamientos y demandas por irregularidades cometidas durante su administración.

Entre sospechas

Un caso emblemático es el de la compra a sobreprecio de terrenos en Salamanca, Guanajuato, para competir con Tula, Hidalgo, en la construcción de la nueva refinería de Pemex, que finalmente no resultó y que representó un gasto de mil 700 millones de pesos para las arcas del estado.

De acuerdo con investigaciones, los predios de 933 hectáreas se adquirieron a través de una empresa fantasma denominada Cereal y Pastas Finas, encabezada por un exempleado del gobierno estatal, José Ubaldo Ortiz Castro, y que desapareció de la noche a la mañana, sin que hubiera un informe detallado.

Ciudadanos Hartos reveló que los ejidatarios que vendieron sus tierras tuvieron que entregar parte de sus ganancias a los prestanombres designados por la administración de Oliva.

“El mismo comisionista les condicionaba la compra de la tierra a cambio de que le regresaran una cantidad, ejemplo: te compro dos hectáreas en un millón de pesos pero me vas a devolver 200 mil pesos; entonces no todo el dinero se quedó en las manos de los ejidatarios, por lo que ahí hubo un negocio sucio, turbio, y de eso no ha querido rendir cuentas el gobierno del estado”, indicó Roberto Saucedo Pimentel.

Los terrenos que hoy lucen completamente abandonados y por los que se pagaron mil 700 millones de pesos, en realidad tenían un precio de 855 millones de pesos, lo que quiere decir que existió un sobreavalúo de 204 por ciento.

En julio de 2013, los 11 diputados locales del PRI en Guanajuato presentaron una denuncia penal ante la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de peculado en contra de Juan Manuel Oliva y funcionarios de su gobierno.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Javier Contreras Ramírez, dio a conocer que para sustentar su demanda presentaron copia de contratos y cheques pagados a los dueños originales de los predios, quienes tuvieron que firmar convenios donde se comprometían a no revelar la información sobre el proceso de compra, bajo amenaza de meterlos a la cárcel.

“La clásula novena de los convenios de compra-venta obligaba a los ejidatarios a no revelar detalles de la operación o de lo contrario podrían ser sometidos a proceso penal”, comentó.

En el texto de la denuncia que continúa en la PGR de León para ser investigada, los legisladores dieron a conocer que cientos de gorras importadas de Vietnam fueron bordadas con el logotipo de la empresa fantasma Cereal y Pastas Finas, y también se imprimieron tarjetas, con las que los intermediarios salieron a negociar la compra de tierras a los ejidos San Isidro Cerro Gordo, Mexicanos, Sarabia y Colonia 18 de Marzo, ubicados entre Salamanca y Villagrán.

“Para darle credibilidad a la negociación, cada ejidatario recibía de obsequio una cachucha de la nueva empresa que supuestamente pretendía instalarse en la zona. A dichos ejidatarios no se les decía que era para una refinería, a ellos se les indicaba que era para una industria de cereales y se les ofrecía un triple beneficio: comprarles sus tierras, darle empleo a sus hijos en la nueva fábrica y pagarles una comisión por cada ejidatario que convencieran de vender su parcela”, manifestó la fracción priista en el Congreso local.

En otro frente, Ciudadanos Hartos lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera la denuncia sobre el caso, que ellos por su lado presentaron, pero después de las deliberaciones de los ministros se concluyó que la asociación civil “no tiene interés legítimo” para revisar la cuenta pública, que es competencia del Congreso de Guanajuato, de mayoría panista.

Roberto Saucedo Pimentel informó que ahora buscan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington se pronuncie al respecto y pida que por lo menos, se abra la información de los terrenos comprados a una empresa fantasma para la refinería, que Juan Manuel Oliva reservó por cinco años antes de dejar el gobierno de Guanajuato, “en un acto más de opacidad de su administración”, dijo.
Información y foto: Excelsior