En México no se respetan los Derechos Humanos

Noviembre (2014).- Para los mexicanos, el tener una vivienda, acceso a la salud, agua potable, trabajo, poder opinar y expresar la forma de pensar, poseer una identidad, acceder a la educación, tener privacidad, vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ser libre, vivir seguro, votar, hablar una lengua, tener una religión y reunirse y manifestarse pacíficamente, son derechos que todas las personas deben tener.

De acuerdo con la más reciente encuesta realizada en vivienda, a nivel nacional, por Parametría casi la totalidad de entrevistados concuerda con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual señala que todos individuos nacen y permanecen libres e iguales en dignidad y derechos.

Los recientes hechos de violencia ocurridos en algunos estados del país han hecho que instituciones nacionales e internacionales, como Human Rights Watch, la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Organización de los Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expongan su preocupación por la constante violación a los derechos humanos en México, el respeto al estado de derecho, la impartición de justicia y el derecho a la seguridad.

Estos eventos también han permeado en la opinión pública mexicana, siete de cada diez personas (72 %) señalan que en el país no se respetan los derechos humanos. Porcentaje 12 puntos más alto que lo registrado en septiembre de 2013, cuando realizamos la pregunta por primera vez.

Otro dato preocupante es que 79 % de los ciudadanos consideran que la aplicación de la ley no es igual para todos. Si bien se registra un descenso en estas opiniones respecto a lo medido el año pasado (85 % vs 79 %), sigue siendo un alto número de personas las que piensan que la impartición de justicia no es equitativa.

Sobre el mismo tema, el Senado de la República eligió recientemente al nuevoOmbudsman. Luis Raúl González Pérez rindió protesta el 13 de noviembre como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y permanecerá en el cargo hasta el año 2019[2]. El nombramiento no es menor, esta figura debe vigilar la protección de los derechos humanos en un país que tiene grandes desafíos en el tema, derivado principalmente por la violencia ejercida desde el estado así como por organizaciones criminales en contra de la población.

Un dato que llama la atención es que 26 % de los entrevistados consideran que el principal responsable de respetar, garantizar y promover los derechos humanos en México es el gobierno o los gobernantes, seguido de 22 % que señala al gobierno de la república. Es decir, casi la mitad de los ciudadanos afirma que esta responsabilidad es el de gobierno.

En la medición de octubre de 2014 únicamente 10 % de los mexicanos señaló a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como quien debía vigilar que se respeten estos derechos, mientras que hace un año, 25 % aludió a esta institución como la más importante para desarrollar dicha tarea.

Los analistas Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo Mayer-Serra, señalan en un artículo publicado en la revista Nexos[3], que a pesar del presupuesto con el que cuenta, la CNDH resulta hoy una institución obsoleta. Sus recomendaciones no son vinculantes jurídicamente, es decir, la autoridad a la que sea dirigida una recomendación puede o no puede hacer caso de las mismas. De acuerdo con la investigación de estos autores, este organismo ha emitido únicamente 1 % de recomendaciones en promedio anualmente con relación a las denuncias recibidas. Es decir, ha ido perdiendo fuerza y prestigio en su labor.

Entre la opinión pública son más los ciudadanos que desaprueban la forma en la que la CNDH realiza su trabajo, así lo refirió el 46 % de los entrevistados a nivel nacional, mientras que 37 % dijo aprobar “mucho” o “poco” la labor hecha por esta importante comisión.

Existen importantes diferencias entre las respuestas dadas por las personas en el Distrito Federal y el resto de los estados, sobre una hipotética participación de organismos internacionales de derechos humanos en la evaluación de la política del gobierno mexicano sobre este tema.

Mientras que en la capital del país seis de cada diez entrevistados (63 %) se muestra a favor de que instituciones de otros países evalúen las políticas mexicanas en el tema del respeto a los derechos humanos, la opinión es compartida solo por el 42 % de los ciudadanos del resto de los estados, donde se aprecia una opinión dividida en el tema.

También podemos constatar un cambio de las opiniones de los mexicanos sobre si organismos internacionales de DDHH deben o no evaluar las políticas del gobierno mexicano de la medición anterior a la actual. En septiembre del año pasado el 64 % de los mexicanos se dijo “de acuerdo” con que instituciones internacionales acudieran al país, este año ese porcentaje bajó a 42 %.

Más de la mitad de los mexicanos dijeron estar “insatisfechos” o “muy insatisfechos” con la actuación del gobierno federal en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas en México, en contraste con 28 % que opina lo contrario. También en este tema observamos un incremento en el porcentaje de personas que califican de manera negativa la labor del gobierno federal del año pasado a la fecha, pasando de 53 % a 63 % las personas inconformes.