“El INE y su casta dorada es muy caro”,¡FALSO! / Ruelas
Aguascalientes, enero 28 (2026).-El presupuesto 2024 del INE, elección presidencial, fue de 25,000 millones de pesos, dicho de otra manera, por cada elector 2 pesos con 57 centavos; equivale al 0.28% del presupuesto de egresos federal (PEF), 28 centavos por cada cien pesos. Con datos oficiales se cae la narrativa del “alto costo del INE y su casta dorada”, retórica para encolerizar“al pueblo”. Indignante son las mentiras oficiales.
Datos fundamentados en fuentes oficiales y verificablesdemuestra la falsedad. Verifiquemos el INE, algunosprocesos: Cobertura nacional y accesibilidad: garantiza que cada ciudadano tenga una casilla cercana, lo que implica una logística compleja en un país de gran extensión y diversidad geográfica. Padrón y credencialización: adiferencia de otros países, administra el padrón electoral y expide la credencial para votar con fotografía, que es el principal documento de identidad de más de 100 millones de personas. Fiscalización y transparencia: califica el financiamiento público y privado de partidos y campañas, una tarea que en otros países recae en organismos distintos. Educación cívica y capacitación: invierte en educación cívica y capacitación de funcionarios de casilla, legitimidad del proceso electoral.
Lo oneroso es la corrupción estructural y gasto público ineficiente de los últimos años. Con informes y datos oficiales se identifican rubros específicos: huachicol fiscal y energético, compras públicas de medicamentos, contrabando en aduanas, programas alimentarios, megaproyectos de infraestructura, cuyo impacto presupuestal agregado supera el billón de pesos.
Mandata el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Informes oficiales evidencian la persistencia y reconfiguración de esquemas de corrupción y opacidad que afectan de manera directa el PEF. Revisemos los signos:
El huachicol fiscal mediante la clasificación fraudulenta de hidrocarburos permite evadir el pago de IEPS, IVA y derechos aduaneros. Afectación directa al principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional. Existen discrepancias sistemáticas entre las exportaciones e importaciones, reconocido implícitamente por la SHCP en un monto estimado anual de 300 a 500 mil millones de pesos.
El robo físico de hidrocarburos tuvo una reducción inicial en 2019, pero registró un repunte. El daño patrimonial acumulado entre 2019 y 2024 supera los 100 mil millones de pesos, afectando directamente los ingresos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación.
La eliminación del esquema previo de compras consolidadas de medicamentos derivó en desabasto generalizado y pérdidas fiscales significativas. Decisiones administrativas sin reforma integral a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, desdibujan las excepciones de licitación previstas en su artículo 41. Monto estimado del daño de 150 a 200 mil millones de pesos. El desabasto vulneró el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 4º constitucional y a obligaciones internacionales del Estado mexicano.
El caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) constituye otro más de los episodios de corrupción. La ASF documentó contratos simulados, pagos por bienes no entregados y uso de empresas fantasma, configurando presuntas responsabilidades administrativas graves conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Monto observado de 15 a 20 mil millones de pesos. La limitada recuperación del daño patrimonial contraviene el principio de reparación integral previsto en el artículo 109 constitucional y pone en entredicho la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción.
Las aduanas mexicanas registran pérdidas fiscales anuales estimadas entre 200 y 300 mil millones de pesos por contrabando técnico y subvaluación de mercancías. Funciones aduaneras a las Fuerzas Armadas mediante acuerdos administrativos, sin reformas explícitas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Proyectos como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el AIFA presentan sobrecostos acumulados superiores a 250 mil millones de pesos respecto a sus presupuestos originales. La clasificación de información está como “seguridad nacional”, restringe las facultades de fiscalización previstas en el artículo 79 constitucional. Estas ampliaciones presupuestales carecen, en muchos casos, de la justificación técnica y económica exigida por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se apoyan en adjudicaciones directas que exceden su carácter excepcional.
La evasión fiscal y gasto ineficiente supera 1.2 billones de pesos, presupuesto federal que no atendió salud, seguridad, ciencia, educación superior, cultura, crecimiento económico… Estos esquemas comprometen la sostenibilidad fiscal, debilita la rendición de cuentas y erosiona la legitimidad del ejercicio presupuestal aprobado por el Poder Legislativo.
El INE ha sido esencial en la transmisión civilizada del poder público en 350 elecciones, sin sangre, ni violencia, ni muertes, con satisfacción de contendientes. Su costo es bajoen comparación con los beneficios que aporta.
Nuestra democracia cuesta 0.28% del PEF. Lo que realmente afecta “al pueblo” es evasión e ineficiencia por 1.2 billones de pesos del presupuesto; es decir, el INE cuesta 2,08% de la evasión solapada por el gobierno federal.¿Caro?