El debate sobre la responsabilidad de la inseguridad pública en Aguascalientes
En las recientes semanas se han dado en la ciudad de Aguascalientes robos que han sido considerados de alto impacto y que han incrementado en el espacio de la opinión pública la percepción de inseguridad. A través de los medios de comunicación nos estamos enterando continuamente de la incidencia delictiva, particularmente cuando han sido eventos realizados en espacios públicos, o en domicilios de diversos sectores geográficos de la ciudad y de niveles económicos.
Hoy en día contamos ya con diversas fuentes de información, que van desde las mismas gubernamentales, en diferentes presentaciones, hasta la generada por organizaciones de la sociedad civil. Los periodos y los renglones de información, también son variados.
Por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, dependiente de la Secretaría de Gobernación, informa en su documento Incidencia Delictiva del Fuero Común 2015-2016 los siguientes datos para Aguascalientes, en los meses enero y febrero: el total de delitos del fuero común pasó de 3,731 en el primer año a 3,361 en el segundo; y los robos pasaron de 1,754 en el primer año a 1,684 en el segundo.
La disminución que apreciamos del año 2015 al 2016 en los dos renglones, es pequeña; sin embargo, el impacto que observamos en la sociedad es diferente, debido al conocimiento que estamos teniendo de los delitos recientes. Estos datos están propiciando un debate sobre la responsabilidad que tienen tanto el gobierno del estado como el municipal, como respuesta a los delitos sucedidos.
A partir de que el presidente de la república, Enrique Peña, envió al Congreso de la Unión la iniciativa para crear la policía y el mando únicos en los estados de la república, en Aguascalientes comenzamos a observar que el gobernador Carlos Lozano, tomó su propia interpretación al promover un presunto acuerdo de mando único en el estado.
El debate se ha dado en dos planos: el primero es referente a lo que se entiende por mando único, que ha sido interpretado y aplicado en Aguascalientes en el sentido de que es el gobernador y su secretario de seguridad pública los que nombran a los secretarios o directores de seguridad pública de los 11 municipios del estado. El segundo plano de interpretación es lo que desde hace muchos años se vino operando en Aguascalientes como coordinación de la seguridad pública entre el gobierno del estado y los municipios.
Al día de hoy la reforma a la Constitución en el Artículo 115 solicitada por el presidente Peña, no ha sido aprobada; queda claro, por lo tanto, que la competencia de la seguridad pública en los municipios está todavía en manos de los ayuntamientos. Pretender firmar acuerdos para hacer a un lado el ordenamiento constitucional y retirar el mando y competencia de los presidentes municipales, está generando confusión.
El plano de la coordinación es el que debe operarse, como lo determina la Ley Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, que de entrada señala cómo se integra el Sistema Estatal de Seguridad Pública (Artículo 10), cómo se integra el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Artículo 13), y cuáles son sus atribuciones (Artículo 14).
La ley señala, además, que el gobernador del estado propondrá al consejo el programa estatal de seguridad pública, que contendrá las medidas, objetivos y metas para el mantenimiento del orden, la paz pública y en general, la salvaguarda de la integridad física y de los bienes y derechos de las personas (Artículo 19).
Los ámbitos señalados por la ley -aprobada por primera vez en julio de 2001- son dos: el estatal y el municipal. Cada uno con sus funciones específicas teniendo una relación coordinada, como lo determina el Artículos 32: “Las autoridades estatales y municipales encargadas de la Seguridad Pública, realizarán operativa y administrativamente, en el ámbito de sus respectivas competencias, la coordinación de las Instituciones Policiales y buscarán que además de los propósitos específicos o que consideren convenientes establecer de acuerdo al ejercicio de sus facultades, se avance en el cumplimiento de las siguientes materias: I. Sistemas expeditos para el intercambio de información policial que facilite el desarrollo de sus actividades; II. Cooperación en la instrumentación de operativos; III. Intercambio académico y práctico para la profesionalización de las Instituciones Policiales; y IV. Auxilio en los casos de desastre y siniestros”.
El debate sobre quién es el responsable de la inseguridad pública en Aguascalientes se encuentra enmarcado en la orientación que se busca dar a los datos delictivos que hoy conocemos: cuando se dice que los delitos del fuero común van en aumento, la responsabilidad se atribuye a la presidencia municipal; cuando se habla de un estado seguro y de un mando único eficiente, entonces la responsabilidad se ubica en el gobierno del estado.
La interpretación de este cuadro, desde luego, se encuentra supeditado a que el manejo de la seguridad pública se está bajando al nivel de los partidos políticos en el gobierno: la posición hegemónica, como es la del gobierno del estado, tendrá una opinión distinta a la posición del nivel municipal, y la utilizará para asignar aciertos o señalar deficiencias.
En este momento el sistema estatal de seguridad pública de Aguascalientes se encuentra fracturado; su manejo se ha partidizado y el efecto está siendo la generación de desorden y de desconcierto en los ciudadanos. Quien preside tanto al mismo sistema como a su consejo, ha optado por desprenderse de su propia responsabilidad, y dejar, casi, al garete su funcionamiento (una prueba de ello es que mientras el Fiscal General del Estado habla de que varios carteles de la droga operan en el estado, el secretario de seguridad pública estatal dice que ningún cartel opera en Aguascalientes).
En este escenario, desafortunadamente, son los delincuentes los que parecieran estar logrando beneficios; y la parte lamentable la están sufriendo los ciudadanos que están siendo afectados. Esperamos que se imponga la cordura y la responsabilidad.
De Política una Opinión