Dan plazo al Poder Judicial para que publique sentencias
Aguascalientes, Agosto 23 (2021).-El Poder Judicial de cada entidad tiene hasta el primero de febrero para cumplir con la reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) que los obliga a publicar la totalidad de las sentencias. En varios estados del país –como Aguascalientes– esto no ocurre.
La publicación de las sentencias en los casos de violencia de género garantiza que las víctimas, sus familias y acompañantes puedan evaluar si las y los juzgadores cumplen con los estándares firmados por el Estado Mexicano en las convenciones internacionales, la Constitución, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en el proceso de búsqueda de la justicia.
La reforma fue aprobada el pasado 29 de julio por la Cámara de Diputados
“En los estados, la ciudadanía y las organizaciones tendrán que pugnar porque se unifique este criterio, hay medios políticos, de gestión e incluso legales para exigir la aplicación de la reforma en caso de que la autoridad no cumpla”, precisó en entrevista Gloria Soto, asesora jurídica del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA).
Hasta antes de esta reforma, en el Ranking de (In) Justicia Abierta elaborado en 2019 por la organización Equis Justicia, Aguascalientes aparecía entre los 10 estados incumplidos que no respondieron o respondieron otra cosa al solicitarles la información sobre sentencias.
La justificación del Poder Judicial para no entregar la información en ese momento, fue que ninguna de las sentencias era de interés público. La autoridad tampoco contaba con los lineamientos para sustentar su argumento, ni los mecanismos para la participación ciudadana, y presupuesto para el área de transparencia, señala el estudio.
Por su parte, el vocero del Poder Judicial en Aguascalientes, informó que en el primer trimestre de 2021 se publicaron mil 269 sentencias y en el segundo, 2 mil 781. Estas cifras no son la totalidad de las sentencias emitidas por el Poder Judicial.
El Observatorio Digital accedió al portal de internet del Poder Judicial para conocer algunas sentencias públicas. Del periodo 2018 a 2020 no hay sentencias publicadas por el delito de feminicidio, aunque en estos años, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 12 carpetas de investigación: cuatro de 2018, cinco de 2019 y tres de 2020.
La misma opacidad para el 2021, donde sólo se encontró una sobre el delito de violencia familiar, con fecha del 22 de julio del 2021; y dos por el delito de feminicidio: una del 13 de abril de 2021 y otra del 2 de junio de este mismo año.
“Justicia transparente”
La reforma para que las sentencias sean públicas fue impulsada por el colectivo #LoJustoEsQueSepas. La asesora jurídica del Observatorio aseguró que abrirá una puerta para que la ciudadanía –y en particular las mujeres– exijan a las y los jueces el cumplimiento de los derechos humanos y la perspectiva de género en los procesos y sanciones, argumentó Gloria Soto.
El colectivo #LoJustoEsQueSepas está conformado por las organizaciones: Justicia para la Mujeres, México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Controla tu Gobierno y Fundar.
“Esta reforma dará acceso a la información y a la justicia y esa justicia no tendrá sesgos, ni será discriminatoria. En el caso de las mujeres los juicios deben sustentarse en un criterio de perspectiva de género”, agregó la asesora jurídica del Observatorio esto sería lo deseable.
Esta reforma es una obligación para el sistema judicial con la que se harán responsables de la transparencia y la máxima publicidad en la resolución de conflictos y delitos,
Para Mariana Ávila Montejano, integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género en Aguascalintes (OVSGA), esta reforma hará visible la falta de capacitación en materia de derechos humanos en las los y juzgadores, pondrá en evidencia quienes no apliquen de base Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia para juzgar. Esta reforma implica un reto social y la urgente necesidad de gestar una cultura de acceso a la información, análisis, sistematización y participación ciudadana.
Información: Observatorio Digital