Aguascalientes, agosto 27 (2026).-En el marco de la Décima Sesión de la Diputación Permanente del Congreso de Aguascalientes, se aprobó convocar al Pleno Legislativo a un Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, a solicitud de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), con el propósito de atender y, en su caso, aprobar diversos asuntos que por su relevancia y carácter prioritario no pueden esperar hasta el siguiente periodo ordinario.
La sesión fue encabezada por la diputada Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, con la participación de las legisladoras Mirna Medina Ruvalcaba, Yaszú Muñoz Márquez, Alejandra Peña Curiel y Nancy Gutiérrez Ruvalcaba.
El periodo extraordinario se llevará a cabo el viernes 28 de agosto de 2026, a las 9:00 horas, en el recinto oficial del Poder Legislativo, Salón de Sesiones Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Previamente, a las 8:30 horas, se celebrará la sesión correspondiente para designar a la Mesa Directiva que coordinará los trabajos del periodo extraordinario.
Entre los asuntos que serán analizados por el Pleno destacan los siguientes:
Reconocimiento de Villa Juárez como el municipio número 12 del estado, mediante las adecuaciones correspondientes al marco constitucional y legal de Aguascalientes, atendiendo las condiciones territoriales, administrativas, sociales y de prestación de servicios que implica la creación de una nueva demarcación municipal.
Actualización de disposiciones en materia de ingresos, particularmente en conceptos relacionados con control vehicular, regularización de vehículos, operación de la Agencia de Movilidad, transporte colectivo y servicios de salud, con el propósito de adecuar el marco jurídico a las nuevas necesidades de la entidad.
Regularización y autorización para la disposición, donación o transmisión de bienes inmuebles propiedad del Estado y de sus organismos, con la finalidad de destinarlos a vivienda, infraestructura pública, proyectos institucionales o fines sociales.
Fortalecimiento del marco jurídico para contratos de arrendamiento de largo plazo, particularmente aquellos vinculados con actividades industriales y de espectáculos, a fin de brindar mayor certeza jurídica y facilitar la planeación de inversiones y proyectos de largo plazo.
Fortalecimiento de la protección penal de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, mediante adecuaciones a las disposiciones relativas a violencia familiar, así como a las sanciones por exposición o abandono de niñas, niños, adolescentes, personas incapaces y adultos mayores.
Protección integral de niñas, niños y adolescentes, mediante la incorporación de disposiciones que prohíban expresamente prácticas de castigo corporal y humillante.
Capacitación especializada de los cuerpos policiales, para prevenir prácticas discriminatorias y garantizar una atención adecuada a personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Atención a las solicitudes de autorización de convenios presentadas por los municipios de San Francisco de los Romo, San José de Gracia, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y Cosío, relacionados con el tratamiento y disposición de aguas residuales, a fin de garantizar jurídicamente la prestación coordinada de estos servicios y fortalecer la colaboración entre el Estado, los municipios y el INAGUA.
Actualización del marco jurídico ante las nuevas formas de violencia digital, particularmente aquellas relacionadas con el uso de inteligencia artificial y la manipulación de imágenes para utilizar, sin consentimiento, la imagen o identidad de mujeres en la generación de contenidos sexuales, humillantes o lesivos.
Reconocimiento del derecho a la desconexión digital de las personas servidoras públicas, con el objetivo de establecer límites entre la jornada laboral y la vida personal y evitar que la recepción y atención de comunicaciones o instrucciones fuera del horario de trabajo se convierta en una práctica permanente.
De esta manera, la Diputación Permanente determinó que los asuntos propuestos por la JUCOPO ameritan ser atendidos con oportunidad, al tratarse de temas que inciden directamente en la actualización del marco jurídico estatal y en la prestación de servicios públicos, la protección de derechos y el desarrollo de los municipios y del Estado.
