Portada rotador Sin categoría 

Con fideicomiso tripartita se puede salvar La Pona, pero no hay acuerdos

Aguascalientes, Octubre 15 (2015).- Carlos Rodrigo Martín Clemente, titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), afirmó en una reunión de trabajo con autoridades ambientales y legisladores, que el Congreso del Estado puede intervenir al fortalecer la Ley de Protección Ambiental para el Estado e incluso, el nuevo Código Urbano para rescatar La Pona.

El procurador ambiental señaló que pese a los precios exorbitantes que los dueños de “La Pona” han propuesto, se puede considerar la creación de un fideicomiso tripartita para la compra o expropiación, bajo un avalúo acorde al tipo de uso que actualmente cuenta el lugar e incluso, con la gestión de fondos en el extranjero.

El diputado Gilberto Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, dio a conocer que ya se ha tocado el tema con legisladores federales, en vías que desde el Congreso de la Unión se puedan destinar recursos para el rescate y conservación del último bosque natural de la ciudad de Aguascalientes.

El delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Sergio Augusto López Ramírez, indicó que los propietarios de “La Pona” han sometido a consideración de la dependencia federal un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para una extensión superior a las 6 hectáreas, aunque no quiso adelantar cuál será el resultado del trámite, pues se tienen que seguir los cauces legales.

El Secretario del Medio Ambiente del Estado (Semae), Jorge Durán Romo, confirmó que la empresa inmobiliaria dueña del terreno se acercó con ellos para solicitar el cambio de uso de suelo a zona habitacional y comercial, lo que anticipó poco viable por estar inscrito dicho bosque urbano como área prioritaria para la preservación ecológica.

De hecho, explicó que el cambio de uso de suelo tendría que pasar por la aprobación de varias instancias y ordenamientos; además de que el gobernador del Estado ha solicitado expresamente que se proteja este pulmón citadino.

Por su parte, el responsable de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Aguascalientes (Semadesu), David Ángeles Castañeda, afirmó que mucho se ha hablado en torno al tema, pero que no se ha logrado ni la coordinación entre las distintas autoridades ni una posible solución que de sustentabilidad al lugar.

Señaló que existen versiones distintas incluso en cuanto a la extensión del terreno y aclaró que no todas las más de 33 hectáreas se encuentran bajo la misma clasificación, pues algunas son forestales y otras sujetas a conservación. También dijo que la potestad de una declaratoria como área natural protegida corresponde al municipio, pero que el hacerla conlleva una responsabilidad económica.

Detalló que la dependencia a su cargo, a petición de organizaciones sociales, realizó dos estudios previos justificativos (EPJ) para una declaratoria total o parcial, trámite que tendría que pasar a la aprobación del Cabildo y el voto de mayoría calificada del mismo, según la negociación o procedimiento en el que se pudiera avanzar. Reveló que el municipio llegó a ofrecer cerca de 55 hectáreas de terrenos cerca de la pensión municipal en permuta por “La Pona”, oferta no aceptada por los propietarios.

El funcionario municipal, reveló que hay precedentes legales de que se tiene que pagar la afectación a los particulares ante declaratorias de áreas protegidas, “todos los juicios están perdidos” aseguró.

La diputada Juana Alicia de los Monteros Ortiz, sentenció que más allá de dimes y diretes, existe en el estado una tala inmoderada de árboles, donde las autoridades se “echan la bolita” y nadie pone un castigo. “Nos estamos convirtiendo en una ciudad de concreto, cuando no tenemos agua” añadió. Lamentó que por talar un árbol centenario se pida la plantación de 10 ejemplares vegetales que nadie supervisa y tan pequeños que es una grosería.

Se pronunció por buscar la vía de la expropiación y no seguirles el juego a los particulares, que lo único que buscan son beneficios económicos. “No permitamos que se construya, al pueblo de Aguascalientes le falta oxígeno y agua” concluyó.