Coahuila avanza contra la “renuncias anticipadas”, Aguascalientes ¿Cuándo?
Por años en Aguascalientes se ha denunciado por trabajadoras y trabajadores que empresas principalmente de la industria textil, se han dedicado a violentar los derechos laborales al obligarlos a firmar sus “renuncias” a fin de no entregarles la liquidación correspondiente a sus años de servicio; esto no sólo es efecto del abuso que muchos centros de trabajo replican sino también de la falta de información que tiene la base trabajadora sobre sus derechos y el acceso a un acompañamiento legal.
El tema de fondo es que, aunque el aspirante pase por todos los filtros que le impone el área de recursos humanos, hay empresas que antes de acceder a la contratación exige al aspirante que firme un documento denominado “renuncia voluntaria” –en otros casos se trata de un documento en blanco- como un último requisito, asegurando que es parte de las políticas de la empresa. Cuando la persona tiene la urgente necesidad de contar con un empleo, no analiza lo que firma y accede a estas condiciones, pero ¡ojo! es violatorio a tus derechos laborales. Al final estás accediendo a que el patrón pues hacer uso de tu firma en cualquier momento que busque despedirte sin una liquidación, porque ‘legalmente’ no te despidió, tú renunciaste –aunque tú ni por enterado estabas- y por ende no tienes posibilidad de reclamar lo que por derecho te corresponde por el caso de despido injustificado.
La semana pasada, el Congreso de Coahuila dio un gran paso en el combate a la desigualdad y abuso laboral con una reforma realizada al Artículo 406 del Código Penal de dicho estado, en la cual se establece como sanción además de una multa económica, castigo de cárcel a quienes resulten responsables de obligar a sus trabajadores a firmar su “renuncia anticipada”. Puede parecer algo muy exagerado, pero esto es una práctica por demás abusiva y que se ha convertido en algo común entre patrones.
Esta reforma especifica sanciones de tres a seis años de prisión y de cien a mil días de multa cuando se trate de documentos públicos; de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa cuando se trate de documentos privados. Sí, es en Coahuila pero podría ser el inicio para que nuestros legisladores y legisladoras observen los beneficios de reformas de esta naturaleza, ya que daría mayor certeza laboral a los aguascalentenses, en especial a quienes menos acceso tienen de una educación profesional y terminan laborando en condiciones deplorables por la necesidad económica; olvidándose que ante todo, la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Mexicana exige el cumplimiento de los derechos y obligaciones en materia laboral.
Por: Jesús Enrique Ramírez Pérez
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