Ayotzinapa: Por qué no le creen al Gobierno
El pasado martes 27 de enero, un día después de las movilizaciones sociales por el cuarto mes de la desaparición forzada de los alumnos de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República presentó un informe más del caso; en cierta forma, los hechos presentados vuelven a ser los mismos que expusiera la Procuraduría en el informe del 7 de noviembre de 2014.
En aquella ocasión la conclusión fue que los 43 estudiantes normalistas habrían sido ejecutados y calcinados, y sus restos colocados en bolsas de plástico y arrojados al Río San Juan. La confirmación de la información la basó en las declaraciones ministeriales de tres nuevos detenidos, quienes también reprodujeron las acciones en el basurero de Cocula, Guerrero.
En el informe de esta semana, el añadido consiste en las declaraciones coincidentes de otros nuevos detenidos, y en la conclusión a la que pretende llegar el Gobierno de la República, que es poder cerrar el caso con base en la ‘verdad histórica’ mostrada con las ‘evidencias científicas’ presentadas.
Las reacciones observadas ante este escenario, podemos apreciarlas en dos grandes líneas, que, a su vez, muestran corrientes de opinión en el país: una es la de otorgar toda la credibilidad a la información proporcionada por la Procuraduría, demandando –como ya lo ha hecho e insistido el Presidente de la República en varias ocasiones- superar el caso, y dar vuelta a la página. En esta corriente de opinión participan medios de comunicación nacionales que están acompañando al Gobierno de la República para generar una buena imagen ante la sociedad nacional e internacional.
La segunda línea y corriente de opinión, es la que rechaza la información presentada por la PGR, y las conclusiones a las que llega; esta corriente de opinión está formada por los familiares de los normalistas, los defensores de derechos humanos, y grupos de la sociedad que demandan esclarecer completamente los hechos. En esta corriente participan algunos medios de comunicación, que acompañan las manifestaciones y los fuertes llamados de conciencia cívica.
Ante este panorama nacional, una pregunta que ayuda a identificar los signos de orientación política que estamos viviendo en el país, puede ser ¿por qué no le creen al Gobierno de la República en el caso de Ayotzinapa? Tratando de encontrar algunas respuestas, podemos apuntar las siguientes: el Gobierno se ha conducido en el seguimiento de la desaparición de los estudiantes, con rasgos contradictorios. Por ejemplo, en noviembre hablaba de que no hay evidencia de que los estudiantes formaran parte o ayudaran a grupo criminal alguno, y ahora señala a dos estudiantes que pudieron estar infiltrados en las organizaciones criminales (incluso el Director de la Escuela Normal Rural).
Otro elemento es la afirmación contundente de que no existe evidencia alguna que muestre la participación de los soldados de Iguala durante el acontecimiento, mientras testimonios inmediatos de estudiantes sobrevivientes de aquella noche, informaron de su participación en el hospital al que llevaron a heridos. La negativa del Gobierno para aceptar que sucedió un crimen de estado –Iguala no es el Estado Mexicano, dijo el Procurador en noviembre-, cuando la Dependencia está procesando al Presidente y a Policías Municipales.
La información ‘científica’ de la incineración de los cuerpos de los estudiantes está sustentada en una forma tal, que catedráticos universitarios han explicado que para que se llevara a cabo como la Procuraduría dice, se hubieran requerido determinados insumos energéticos, que vuelven la versión gubernamental como inverosímil.
Agreguemos ahora las declaraciones de los delincuentes, tanto de los primeros tres –presentados en el informe del mes de noviembre pasado-, como los recientemente detenidos: curiosamente muestran coincidencias en su narración, difíciles de creer. Por ejemplo, hablan de que no contaron a los estudiantes, pero calculan que fueron entre 38 y 41, que tampoco contaron a los policías que les entregaron a los estudiantes, pero eran entre 30 y 35, que algunos estudiantes llegaron muertos al basurero –“creo que por asfixia”-, y otros llegaron vivos –entre 15 y 18-. Una diferencia con el informe anterior es que el lenguaje de los últimos delincuentes está más cuidado, según los extractos de las declaraciones ministeriales. Da la impresión de que los aleccionaron para hacer sus declaraciones oficiales.
Pasemos a otros elementos que influyen en la no credibilidad: la urgencia que muestra el Gobierno de la República para dar por cerrado el caso, que lo ha llevado a dejar de lado los próximos resultados periciales de la Universidad de Innsbruck, la participación de los peritos argentinos, el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la coadyuvancia ofrecida por los gobiernos estadunidense y alemán.
En esta perspectiva, es comprensible que muchos ciudadanos, como también familiares, maestros y defensores de derechos humanos, no den credibilidad a las informaciones surgidas de la PGR, y se pregunten por lo que se quiere evitar que se conozca de fondo en este triste acontecimiento, respecto a la responsabilidad del ‘entorno político’ –como lo llama el abogado Vidulfo Rosales-, donde están gobernantes que hasta ahora no se han tocado.
Una última mención de los probables motivos para no creer la ‘verdad histórica’ de la Procuraduría, es el contexto que se ha destacado desde hace meses, tanto del Presidente de la República, como de miembros del Gabinete de Gobierno; no solamente las evidencias de conflictos de intereses y de probable corrupción, sino el desatino de la conducción de la economía del país, la falta de resultados precisos de las grandes reformas constitucionales, el manejo de la política nacional de comunicación social, además del caso Tlatlaya, y la afectación del ambiente electoral del 2015.
La dura expresión que tuvo la Revista Inglesa The Economist, centra el grave problema que lleva a la imposibilidad de resolver asuntos graves como el de Ayotzinapa: el presidente que no entiende que no entiende. De ahí que la respuesta del Gobierno de la República, además del informe de la Procuraduría, sea la mano dura en Guerrero.
De política una opinión: Abelardo Reyes