Aguascalientes no prevé en su Constitución la discriminación
Aguascalientes, Mayo 21 (2014).- A nivel estatal sólo existen 19 entidades cuyas constituciones locales cuentan con cláusulas antidiscriminatorias. Además, 23 de los 32 estados únicamente poseen leyes antidiscriminatorias. En el caso de la entidad, un estudio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), revela que el estado no tiene en su constitución clausula antidiscriminatoria.
El documento denominado, Marco Legal contra la Discriminación, Estados en los que se cuenta con clausula antidiscriminatoria constitucional, ley antidiscriminatoria y conducta tipificada en relación a la segregación, consultado por alchileaguascalientes.com, refiere que lo que hay es una ley estatal antidiscriminatoria no obstante, el organismo en el apartado de conducta tipificada por esa causa lo señala como discriminación.
La democracia en México se halla todavía lejos de las expectativas que hace poco más de una década despertó entre la población. Más de la mitad de las personas manifiesta descontento y afirma que el mexicano no es un régimen democrático (Latinobarómetro, 2010, 2012, 2013).
Sobre otras razones críticas que puedan exponerse, la que predomina es aquella que acusa al Estado mexicano de ser ineficaz a la hora de acortar la desigualdad y confrontar los privilegios. A pesar de la transición hacia un régimen político más plural, un segmento amplio de la población mexicana se percibe tratado con desigualdad por parte de la autoridad, la ley y las personas.
La abismal diferencia en el ingreso es motivo relevante de esta convicción, pero no es el único; la asimetría en el trato —la persistente discriminación— es tanto o más potente a la hora de confeccionar el cierre social que excluye y vulnera. En su gran mayoría permanecen intactas las barreras que impiden en México el acceso a los derechos, las libertades y los bienes que se obtienen del esfuerzo común. Mientras tanto, también durante la última década de historia mexicana el Estado y la sociedad han invertido un notable esfuerzo y recursos para enfrentar la discriminación.
Nunca antes en la historia del país, como durante los últimos tiempos, se habían multiplicado con tal intensidad las leyes, las instituciones y los organismos públicos dedicados a enfrentar la desigualdad; de ahí que resulte necesario atender la paradójica percepción de ineficacia.
Una explicación tentativa para ello es la fragmentación de los esfuerzos, así como la falta de coherencia y de sistematicidad con que las distintas instituciones responsables han conducido la política antidiscriminatoria.
La práctica discriminatoria en México de acuerdo con información del desaparecido, Instituto Federal Electoral (IFE), es todavía un mal presente en la sociedad mexicana y así lo muestran los datos que se obtuvieron en una encuesta que desarrolló en 2013, la cual refiere que 75.3% de encuestados señaló haber visto discriminación por apariencia física; 76.4% por su clase social; 70.9 por su color de piel; 58.5% por ser mujer y 70.7% por ser indígena.
El porcentaje de personas que manifestaron haber sido víctimas de discriminación son: 18.4 por apariencia física; 20.4% por su clase social; 10.2% por su color de piel; 26.4% por ser mujer y 5 por ciento por ser indígena.