La presión del PRI para la anulación de la elección de gobernador de Aguascalientes, ¿un engaño a los electores?

El pasado domingo 12 de junio, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes entregó la constancia de mayoría como gobernador electo, a Martín Orozco Sandoval; de esta manera, el Instituto validó la elección, y, por supuesto y nuevamente, la participación del candidato panista.

Días después, con la sorpresa de que, efectivamente, la candidata del PRI, Lorena Martínez Rodríguez, no ganó la elección a gobernador, los partidos políticos coaligados presentaron la impugnación del triunfo de Orozco.

La presentación que hacen los partidos políticos de recursos para la impugnación y/o anulación de elecciones, no está en cuestionamiento, a pesar de que la acción pueda convertirse para algunos en queja, infundada, de que se ‘judicializa’ una elección (este es el necesario camino para resolver dudas o cuestiones sobre las elecciones, dejando atrás las movilizaciones callejeras; poco a poco, aunado a la pronta y justa acción de los tribunales electorales, México limpiará los procesos y llegará a mejores niveles de democracia).

Sin embargo, cuando el partido político impugnante no se conforma con el proceso judicial de los tribunales, y recurre a la presión en la opinión pública utilizando estrategias ilícitas, entonces, no sólo demerita la imagen de la candidata perdedora, como ahora es Martínez, y la imagen de su partido político (que parece no importarles), sino que, además, tiene un doble efecto: generar una atmósfera política de duda en la validez de la acción de esos tribunales, y, preparar la no aceptación de los resultados judiciales en caso de que no les favorezcan.

¿Por qué son estrategias ilícitas del PRI en Aguascalientes? Porque están utilizando si no falsedades, sí claras imprecisiones en la información que están emitiendo a los electores. Esta estrategia la inauguró la candidata Lorena Martínez desde la conferencia de prensa del jueves 7 de abril, al acusar a Martín Orozco de una supuesta guerra sucia (cuando por su viaje a Japón en el periodo de intercampañas para presentar su proyecto de gobierno a los empresarios de Nissan, violó el Artículo 133 del Código Electoral del Estado, que prohíbe toda promoción electoral, y determina como sanción la cancelación del registro), y de tener un proceso penal pendiente.

Ahora, en 2016, después de que Orozco gana la elección de gobernador por más de 13 mil votos sobre Martínez, (no 500 como sucedió en la anulación de la elección de gobernador de Colima el año pasado), después de que ya fue candidato en tres ocasiones anteriores (en 2010 para gobernador -perdió- , en 2012 para senador -ganó- , y ahora, en 2016, nuevamente para gobernador, que gana), entonces y con base en ese proceso penal, el PRI se inconforma y acusa que Orozco es ‘inelegible’.

En las tres ocasiones en que ha sido candidato, los institutos electorales validaron su participación; en las tres ocasiones el PRI no interpuso recurso para invalidar la candidatura, no obstante que conocían el mencionado proceso penal.

La información disponible del proceso penal, tiene dos características: una, que es escasa y difícil de tener, debido a ser parte de la averiguación previa correspondiente (de manera imprecisa y con el riesgo de la equivocación, consiste en lo siguiente: el relleno sanitario del municipio, del que fue presidente en 2005-2007, requirió expandir su área sobre terrenos particulares, y para compensar al propietario, le cedió en la ciudad terrenos propiedad del municipio, que, una vez escriturados al particular, nuevo dueño, una persona moral en la que participa Orozco, compró algunos de ellos).

La segunda es que, sin contar públicamente con esa necesaria información y sin haber finalizado el proceso penal y tener una sentencia clara, los priistas, por su propia conveniencia y poder, lo condenan, le privan de sus derechos políticos, y lo convierten, después de tres ocasiones anteriores, en ‘candidato inelegible’.

Complementan su argumentación diciendo que “no está en la cárcel, porque tiene fuero de senador” (lo cual contradice su mismo dicho de que con la licencia de senador, carece de fuero).

Dejemos a un lado el fuero, ya que ni en su candidatura de 2010, ni en la de 2012, tenía algún fuero, motivo por el que el engaño a los electores aparece con claridad.

Para ello utilizan las constituciones de México y de Aguascalientes y el Código Electoral. Conocen perfectamente las leyes, pero prefieren ser imprecisos y servirse de los medios de comunicación, para engañar a los electores.

¿Por qué es un engaño? En una revisión rápida del Código Penal de Aguascalientes, Decreto 331, en su Artículo 66 señala “Suspensión, privación e inhabilitación de derechos. La Suspensión consiste en la pérdida temporal, del responsable, de sus derechos… La Suspensión es de dos clases: I. La que resulta como consecuencia de la ejecución de la pena de prisión; y II. La que por sentencia se establece como pena. Respecto de lo ordenado en la Fracción I, la suspensión dejará de surtir sus efectos al momento en que la autoridad ejecutora dé por cumplida la pena de prisión, sea por compurgación total o por obtención de beneficios… La Privación consiste en la pérdida definitiva de sus derechos…”

También el Código de Procedimientos Penales de Aguascalientes (mismo decreto), señala en el Artículo 334 “No se ejecutará pena o medida de seguridad sino después de que la sentencia que la imponga haya causado ejecutoria…”, circunstancias que no se dan.

Agreguemos un último punto: con toda la fuerza política que manejan los gobernadores, ni Luis Reynoso -quien, sin su ayuda, el priista actual, Carlos Lozano, no sería gobernador-, ni éste con toda la partidización de la procuración de justicia en contra del PAN que hizo en su sexenio, pudieron comprobar el supuesto delito acusado (habiendo pasado ya 8 años).

Sería importante conocer, si llegara a ser público, el informe que rendirá el Poder Judicial del Estado al requerimiento hecho por el Juez Tercero de Distrito. Entonces podremos precisar si el PRI vuelve a engañar o no a los electores.