Caso Iguala: dos meses de incertidumbre
Noviembre 27 (2014).- Este 26 de noviembre se cumplen dos meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero. En estos 60 días de incertidumbre se han ido revelando claves de lo que pudo haber ocurrido esa noche de septiembre.
La desaparición
Fue el viernes 26 de septiembre cuando cuatro camiones con 150 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, Guerrero, llegaron al municipio de Iguala, donde la esposa del alcalde José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda, daría su informe de actividades como presidenta del DIF. Los estudiantes querían ‘botear’ para conseguir fondos y participar en la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.
Por órdenes del alcalde, Policías de Iguala y Cocula bloquearon la avenida Juan N. Álvarez sobre la que circulan los vehículos con los normalistas y dispararon contra las unidades. Minutos después, sobre la carretera federal a Chilpancingo, los uniformados interceptaron un autobús con jóvenes futbolistas, volvieron a disparar.
El saldo de las balaceras fue de seis muertos -tres normalistas, un jugador de futbol, el chofer que manejaba el camión del equipo y una ama de casa que viajaba en un taxi-, 16 personas resultaron heridas y 55 normalistas desaparecieron. El número de desaparecidos se rectificó a 43 estudiantes.
Las acciones en Guerrero
Un día después, el 27 de septiembre, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, condenaron los hechos ocurridos y el alcalde de Iguala emitió un comunicado en el que anunció la suspensión de su informe de labores y dio su más sentido pésame a las familias de los jóvenes muertos una noche antes.
Tras los hechos, 20 policías municipales, identificados por normalistas de participar en los ataques de Iguala, fueron trasladados a la Fiscalía Regional de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, ubicada en Acapulco.
Ese mismo domingo inició la búsqueda de los normalistas. Un contingente de padres de los desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa salieron a los cerros y zonas aledañas a los enfrentamientos para intentar localizarlos. A dos meses, aún no se sabe con certeza el paradero de los jóvenes.
El lunes 29 de septiembre, José Luis Abarca dijo que había solicitado a los policías que no fueran violentos con los normalistas. «No caigan en la provocación, no quiero que me los vayan a golpear», dijo en entrevista con Milenio. Al otro día, el alcalde pidió licencia al cargo y desapareció.
Las investigaciones
Normalistas sobrevivientes del ataque del 26 de septiembre dijeron que fueron los policías municipales quienes les dispararon y se llevaron vivos a sus compañeros.
Las investigaciones de la PGR indican que los policías municipales de Iguala, con ayuda de los de de Cocula, municipio vecino, se llevaron a los jóvenes y los entregaron al grupo delictivo de Guerreros Unidos.
El 4 de octubre, miembros del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Policía Ministerial de Guerrero encontraron cinco fosas clandestinas en Pueblo Viejo, en Iguala, cerca de donde desaparecieron los normalistas. Diez días después, la PGR aclaró que los 28 cuerpos encontrados en las fosas no eran de los estudiantes.
El procurador Jesús Murillo Karam anunció que habría una orden de aprehensión contra el alcalde José Luis Abarca y el director de la policía de Iguala, Felipe Flores, debido a nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
En una conferencia el 22 de octubre, el procurador Murillo Karam dijo que el alcalde José Luis Abarca fue el autor intelectual de la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 normalistas, al haber ordenado interceptar a los estudiantes para que no sabotearan el evento de su esposa.
La renuncia de Aguirre
Un día después, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, pidió licencia al cargo «para favorecer un clima político» y para contribuir a que se pusiera atención a la búsqueda de los normalistas. En su lugar fue nombrado Rogelio Ortega Martínez, como gobernador interino.
Las acciones del gobierno federal
El 29 de octubre, los padres de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes de la normal de Ayotzinapa se reunieron en la Residencia Oficial de Los Pinos con el Presidente. Enrique Peña Nieto firmó con los padres un acuerdo de 10 puntos para agilizar la búsqueda de sus hijos.
El 4 de noviembre fueron detenidos el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, en la delegación Iztapalapa. Él fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y su esposa fue arraigada por 40 días.
El 7 de noviembre, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que tres detenidos, integrantes de Guerreros Unidos, confesaron haber matado y quemado a un grupo de personas en el municipio de Cocula, el mismo día de la desaparición.
Para comprobar si son, o no, los jóvenes, los restos fueron enviados a la Universidad de Innsbruk, en Austria, donde se les practican los estudios correspondientes.
La esperanza de los padres
Los padres de familia han insistido en que quieren a sus hijos vivos y no creerán informaciones sin confirmar.
Las manifestaciones por los 43 jóvenes
En todo el país y en varias ciudades del mundo se han realizado movilizaciones masivas para exigir justicia por el caso y la aparición con vida de los 43 normalistas.
Algunos hechos vandálicos se han registrado en las protestas, los cuales han sido condenados por el gobierno.
La última marcha a la que acudieron miles de personas, la del 20 de noviembre, culminó con el enfrentamiento de granaderos con encapuchados. Hubo 11 detenidos por esos hechos, sin que se les haya probado que fueron los que participación en los desmanes.
Dos semanas antes, el 8 de noviembre, al término de otra marcha, un grupo de encapuchados prendió fuego a la puerta principal de Palacio Nacional.
Repercusiones políticas
El caso Iguala generó que los partidos políticos propusieran acciones para blindar las candidaturas de las próximas elecciones de 2015.
También originó un conflicto interno en el PRD, por haber propuesto a Abarca como su candidato sin revisar sus nexos con el crimen. Las inconformidades entre perredistas culminó con la renuncia al partido de uno de sus fundadores, Cuauhtémoc Cárdenas.
Ante la situación actual de violencia, el presidente Enrique Peña Nieto prepara un anuncio que, de acuerdo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, contendrá propuestas para garantizar el Estado de Derecho en el país.
Información y foto: Milenio