Por “Inepta y Mentirosa” exige su destitución
Aguascalientes, Enero 30 (2014).- El dirigente estatal de la CROM, Jesús Enrique Ramírez acusó a la titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Irma Gabriela Garza Rodríguez, de mentir a un juez federal durante un procedimiento de respuesta ante un juicio de amparo y de actuar de forma dolosa, violando los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Explicó que durante el juicio de amparo promovido por la CROM en contra de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por su omisión para emitir el acuerdo correspondiente respecto del Contrato Colectivo de Trabajo, la citada funcionaria expidió un informe justificado en donde le afirmó al juez que desde el mismo mes de junio había emitido una respuesta y que nos había sido notificado “por listas” y en el propio expediente que obra en los archivos de la JLCA.
Esas afirmaciones hechas al juez primero de distrito “son mentiras, porque durante los meses en los que estuvimos al pendiente de la emisión del acuerdo, ella misma me dijo que no había respuesta todavía y esa fue su reiterada respuesta verbal hasta el mes de diciembre”.
Sin embargo, la funcionaria mintió al juez federal por tanto, la presidenta de la junta tiene que dejar su cargo, enfrentar a la justicia y el gobierno del estado deberá poner a una persona cuyo desempeño sea respetuoso de los derechos de los trabajadores.
El dirigente de la CROM, relató que el pasado martes 28 acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje acompañado del notario público número 52, Juan José León Rubio quien certificó: primero, que la JLCA no notifica a través de “listas” como lo afirmó la funcionaria y segundo, que en el expediente del sindicato, inexplicablemente no existe ni el contrato colectivo de trabajo, ni los anexos que se entregaron para el depósito del contrato, ni mucho menos la notificación que afirma la presidenta al juez de distrito se nos hizo a través de nuestro expediente.
“Por lo anterior y ante notario público se demostró que la presidenta de la junta miente, mintió y con ello violó derechos humanos de nuestros sindicalizados además de que cometió un delito grave que le puede costar su puesto y pudiera parar en la cárcel” dijo el Secretario General de la CROM.
Hay muchos funcionarios como ella que no han cumplido a cabalidad las instrucciones del gobernador Carlos Lozano de la Torre en el sentido de realizar sus funciones de forma eficaz y con pleno respeto a la ley, lamentó Jesús Ramírez.