Aguascalientes entre los rezagados
Noviembre 04 (2013).- A más de cinco años de la aprobación de la reforma constitucional en materia de justicia penal, siete estados aún están en la etapa de planeación, por lo que no han definido la fecha de arranque del nuevo modelo. Así lo reveló la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), en un informe de avances actualizado al 31 de agosto, en el que por primera vez se incluyó el año de la eventual entrada en operación en cada entidad faltante.
El documento, elaborado con base en una metodología de clasificación aprobada este año por el propio Consejo, señala que los estados en dicha etapa son Hidalgo, Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Querétaro. Indica que en el Distrito Federal el nuevo sistema entrará en operación parcial hasta 2015; mientras que en Tlaxcala, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Aguascalientes y Baja California, el mismo tipo de operación arrancará en 2014.
Este 2013, agrega el informe, Quintana Roo y Sinaloa se sumarán a los 13 estados donde ya opera en forma parcial, es decir, en parte de su territorio. «Nuestras instituciones enfrentan el reto de desarrollar nuevas políticas, programa y mecanismos para instrumentar, en los tres poderes públicos de los tres órdenes de gobierno, una estrategia nacional para acelerar los procesos de la implementación del nuevo modelo de justicia.
«El Consejo de Coordinación y su secretaría técnica han sentado las bases para la implementación ordenada del nuevo modelo de justicia en cada entidad federativa, a través del mayor acercamiento, diálogo, cooperación y coordinación de los estados con las instituciones federales», refiere.
REFORMA publicó ayer que la Setec estima que la reforma costará al menos 35 mil millones de pesos, recursos que se buscan de fuentes alternas como Iniciativa Mérida y el Fondo Nacional de Infraestructura.
La reforma al sistema de justicia penal, que permite entre otras cosas agilizar los juicios, garantizar el debido proceso y asegurar la equidad de las partes, se aprobó en 2008 y deberá estar implementada en todo el País a más tardar en julio de 2016. No obstante, sigue siendo un desafío para el Estado, pues únicamente en tres entidades (Chihuahua, Morelos y Estado de México) la operación del modelo acusatorio-oral es total, en todo su territorio.
«La Setec opera y ejecuta decisiones y acuerdos que emanan del Consejo, con el fin de homologar en la Federación y en las entidades federativas la implementación del nuevo sistema de justicia penal, a través de la estrategia nacional aprobada por el propio Consejo.
«Que incluye la asesoría, asistencia técnica y otorgamiento de subsidios en los siguientes ejes: planeación, normatividad, reorganización institucional, infraestructura, tecnologías de la información, equipamiento, capacitación, difusión, evaluación y seguimiento», agrega.
Este año, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación liberó a las entidades los 458 millones de pesos que le fueron autorizados en el Presupuesto para apoyar la operación del nuevo sistema; con esa cantidad se financian 310 proyectos estatales.
Información y foto: Reforma