Aguascalientes, julio 28 (2026).-Sábado 18 de julio, diez personas fueron asesinadas en Zacatecas. Sin misericordia la atmosfera de violencia nos deja varias asignaturas pendientes: indiferencia, aceptación, indignación, aparentes políticas de seguridad pública… Se han perdido los esfínteres emocionales y éticos en el poder político y el de los traviesos… También en la sociedad, clasificamos ese ambiente como algo normal, nos afectamos de violencia, más grave aún, nos comportamos con violencia. Perdemos la cordura y hemos sido incapaces de alzar la voz con un: ¡YA BASTA! Las cifras signo de la violencia aparece en los encabezados, permanece unas horas en las redes sociales, al día siguiente, es desplazada por una nueva tragedia, ha dejado de sorprendernos, es quizá, el mayor triunfo de la barbarie. No sólo mata personas: también erosiona la capacidad de una sociedad para indignarse.
Cada asesinato es una derrota del Estado de derecho. Cuando grupos criminales desafían de manera recurrente ese monopolio, la cuestión no es únicamente policial; es una crisis de gobernabilidad. La tomografía política que deja este episodio es la de un Estado intervenido, fragmentado, donde: la violencia es síntoma de acuerdos rotos, los mensajes criminales se vuelven instrumentos de presión política, y la autoridad aparece atrapada entre narrativas contradictorias: “el video es falso” (Gobierno), “hay acuerdos cruzados” (fuentes de seguridad), “la masacre es represalia” (video criminal). Cuando el crimen organizado se siente con derecho a reclamar compromisos, el Estado pierde su autoridad moral y su capacidad de conducción legítima.
En esa disputa convergen rutas estratégicas, intereses económicos ilícitos y organizaciones criminales que buscan controlar territorios. Las víctimas son personas concretas, pero también lo son las comunidades que viven con miedo, los comerciantes que pagan extorsiones, los jóvenes que ven reducido su horizonte de oportunidades y las familias que aprenden a convivir con la incertidumbre. Informar: “… ayer fueron asesinados 40% MENOS que la semana pasada…” es un agravio desmedido.
La violencia produce una transformación moral. Hannah Arendt advertía que el mayor peligro para una sociedad no siempre es el mal espectacular, sino la normalización del mal: los homicidios dejan de conmover, las masacres se convierten en estadísticas, la muerte se administra como parte del paisaje cotidiano, la sociedad comienza a perder algo más profundo que la seguridad, pierde sensibilidad ética.
Existe una tentación permanente de explicar esta realidad mediante consignas, incluidas visiones del pretérito. Ninguna de esas respuestas, por sí sola, alcanza a explicar la complejidad del fenómeno. La violencia criminal tiene raíces económicas, institucionales, culturales y territoriales. Reducirla a un eslogan significa renunciar a comprenderla.
La responsabilidad del Estado no consiste únicamente en desplegar fuerzas de seguridad. Su obligación constitucional es garantizar derechos, investigar delitos, sancionar a los responsables y reconstruir la confianza ciudadana. Cuando esos resultados son insuficientes, la crítica democrática es legítima y necesaria. No para debilitar a las instituciones, sino para exigir que cumplan plenamente su función.
En ese contexto, las elecciones de 2027 no pueden ser una competencia más de propaganda, descalificaciones o promesas imposibles. La democracia pierde sentido cuando la discusión pública gira exclusivamente alrededor de la conquista del poder y no de su ejercicio responsable.
La verdadera campaña debería formular preguntas incómodas. ¿Cómo fortalecer las policías municipales? ¿Cómo reducir la impunidad? ¿Cómo profesionalizar las fiscalías? ¿Cómo impedir que el crimen capture gobiernos locales? ¿Cómo proteger a las víctimas y reconstruir el tejido social? Quien aspire a gobernar debería responder con estrategias verificables, presupuestos claros y metas medibles, no únicamente con consignas.
México necesita recuperar una idea que parecía obvia y hoy resulta urgente: el Estado no existe para administrar tragedias, sino para prevenirlas. Gobernar no consiste en explicar por qué ocurrió una masacre, sino en crear las condiciones para que no vuelva a ocurrir.
Diez personas asesinadas en Zacatecas son diez vidas irremplazables. Pero también constituyen una advertencia para toda la República. La violencia sostenida no sólo destruye vidas; erosiona instituciones, deteriora la economía, debilita la confianza y termina por vaciar de contenido a la propia democracia.
Octavio Paz escribió que toda sociedad termina pareciéndose a las preguntas que decide ignorar. Eludir preguntas sobre la justicia, la libertad, la desigualdad, la verdad o el sentido de la vida, no las elimina, las internaliza como sombras. El silencio se convierte en estructura: las instituciones, los hábitos, los discursos reflejan ese silencio. Ignorarlas permite que su ausencia modele la forma de pensar, de gobernar y de convivir.
¿Seguiremos acostumbrándonos a la muerte o convertiremos la seguridad, la justicia y la legalidad en el eje de la deliberación democrática? La respuesta no se gesta en el instante de votar. Empezará el día en que los ciudadanos dejemos de conformarnos con discursos y exijamos resultados; el día en que la política sea instrumento para preservar la vida y no solamente un mecanismo para disputar el poder.
