Cuando la imparcialidad se convierte en discurso / Ruelas
Aguascalientes, diciembre 16 (2025).-Las urnas son símbolo y garantía, son mucho más que un contenedor de votos: son el mecanismo que traduce la voluntad popular en legitimidad institucional. Sin procedimientos claros y confiables, las urnas pierden su esencia; sin ciudadanía activa, las elecciones se convierten en un ritual vacío. Por ello, la ética democrática exige respeto absoluto a las urnas y a lo que representan.
La propuesta impulsada por el expresidente López Obrador y sobre elogiada por el discurso oficial no es una reforma técnica, es una narrativa política que busca moldear la percepción sobre quien manda en las elecciones. ¿Qué plantea esa iniciativa?: Desaparición de órganos autónomos: Eliminar el INE y el Tribunal Electoral para sustituirlos por un organismo central controlado por la representación popular, lo que compromete la independencia. Elección popular de consejeros y magistrados, aunque suena democrático, abre la puerta a campañas partidistas y financiamiento opaco, debilitando la imparcialidad técnica. Reducción de financiamiento a partidos y órganos electorales, si bien busca austeridad, puede limitar la capacidad operativa para garantizar elecciones limpias, (es falsa la expresión demagógica “… son las más caras del mundo”, constituye solo el 0.02% del PEF para atender la democracia). Centralización del padrón electoral, concentrar datos sensibles en un solo ente controlado políticamente incrementa riesgos de manipulación y vulneración de privacidad.
Captura institucional, al depender de la cámara de diputados, el árbitro electoral podría responder a mayorías legislativas, no a la ciudadanía. Politización extrema, elegir magistrados y consejeros por voto popular convierte la técnica en competencia partidista, ello no garantiza independencia sino politización extrema. Debilitamiento operativo, menos recursos significan menos capacidad para fiscalizar campañas y prevenir fraudes. Desconfianza ciudadana, la percepción de control político sobre las elecciones erosiona la legitimidad democrática.
Para Lorenzo Córdova, expresidente del INE, la propuesta “pone en riesgo la autonomía electoral que México tardó décadas en construir”. En la misma línea, María Marván Laborde, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte: “La reforma erosiona los contrapesos”. Si el árbitro depende del poder legislativo, la imparcialidad queda comprometida”. Organismos internacionales también han expresado preocupación. La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, señaló en un informe que “la elección directa de autoridades electorales puede generar conflictos de interés y vulnerar la técnica especializada que requiere la organización de comicios”.
Las elecciones las hace la ciudadanía, el verdadero poder, no los aplausos oficiales ni las cadenas de elogios. Cada voto es un acto de soberanía, y cada ciudadano tiene la responsabilidad de participar y vigilar. La apatía es el mejor aliado de quienes buscan concentrar poder. Hoy más que nunca, la sociedad debe asumir su papel protagónico: votar, exigir transparencia y defender la autonomía de las instituciones. Ciudadanía es el verdadero contrapeso, la participación ciudadana es clave. “La apatía es el mejor aliado de quienes buscan concentrar poder”, afirma José Woldenberg, primer presidente del IFE.
El poder público tiene una obligación ética y constitucional: garantizar equidad, transparencia e imparcialidad. Daniel Cosío Villegas advirtió que “el poder tiende a concentrarse si no se le ponen límites claros”. Para él, la democracia mexicana debía construirse sobre contrapesos efectivos. La captura del órgano electoral reproduce el viejo sistema autoritario que la transición democrática buscó superar. Jorge Carpizo, arquitecto de la reforma electoral de los 90, sostenía que “la imparcialidad del Estado es condición sine qua non para la democracia”. Se desmantelan los avances institucionales que dieron credibilidad a las elecciones desde 1996. Carlos Pereyra insistía que “la democracia no es solo un régimen, sino un proceso que requiere reglas claras y árbitros neutrales”. La narrativa oficial sustituye la práctica democrática, debilitando la confianza ciudadana. Enrique Krauze ha señalado que “la democracia es el poder limitado por la ley”. Si el gobierno se convierte en juez y parte, se rompe el equilibrio y se abre la puerta al autoritarismo. La autonomía electoral es uno de los pilares de la transición democrática mexicana, sin duda. Se erosiona la división de poderes y se consolida un presidencialismo hegemónico. Molinar y Woldenberg defendieron que la organización electoral debe ser técnica, no política. Se pierde la profesionalización que garantizó elecciones confiables durante más de tres décadas. Silva-Herzog Márquez advierte que “la democracia no se agota en el voto, sino en la confianza en las reglas”. Si el gobierno interviene, la ética pública se degrada y la democracia se vacía de contenido.
En tiempos donde la polarización y la desinformación amenazan la estabilidad institucional, recordar estos principios es vital. Las urnas mandan mediante procedimientos, pero estos procedimientos solo son legítimos si son respetados, sin presiones ni simulaciones. La ética política demanda respeto a las reglas del juego democrático mediante procedimientos electorales, “mísero detalle de la democracia” dijo Ortega y Gasset, porque sin procedimientos respetados no hay futuro democrático.