Hay 10 que quieren relevar a Martín Jáuregui en la CEDH
Aguascalientes, Noviembre 21 (2017).-El Congreso del Estado dio a conocer la relación de nombres que oficialmente buscan relevar al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jesús Eduardo Martín Jáuregui, quien al final de cuentas no buscará otro periodo al frente de la institución, aún y cuando tenía la oportunidad.
Se trata de José Alfredo Muñoz Delgado; Enrique Pimentel González Pacheco; Roberto Reyes Jiménez; Pedro Edmundo Becerril Alba; Ricardo González Serna; Wilfrido Isumi Salazar Rule; Rodrigo Hernández Oneto; Rodolfo Velasco Ramírez; J. Asunción Gutiérrez Padilla y sólo una mujer, Rosario Muñoz Pavón.
El futuro Ombudsperson permanecerá en el cargo por un periodo de cuatros años, mismo que comprende del 16 de enero de 2018 al 15 de enero del año 2022 con opción de reelección.
Los aspirantes quedan descalificados si cuentan con condena por delito doloso; Por haber tenido cargo de elección popular, o bien, de Secretario, Subsecretario o su equivalente en la administración pública estatal o municipal, Fiscal General del Estado durante los tres años anteriores al día en que se publique en el Periódico Oficial del Estado la presente Convocatoria.
Por haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los tres años anteriores al día en que se publique en el Periódico Oficial del Estado la presente Convocatoria.
Ser nacido en el Estado de Aguascalientes o residencia de cinco años anteriores al día en que se publique en el Periódico Oficial del Estado la presente Convocatoria; Contar, al menos, con título profesional de licenciatura o equivalente, de preferencia Licenciatura en Derecho, así como acreditar experiencia y amplios conocimientos en materia de Derechos Humanos.
Tener cuando menos treinta años cumplidos al día en que se publique en el Periódico Oficial del Estado la presente Convocatoria; No pertenecer al Estado eclesiástico o al servicio activo de las fuerzas armadas ni ser ministro de algún culto; No haber resultado responsable por violaciones a los Derechos Humanos en alguna de las recomendaciones emitidas por un organismo público de defensa y protección de los Derechos Humanos.