SEGUOT lo niega pero propietario de “Los Sabinos” dice que ya no hay veto

CASI DOS años después de que el otrora titular de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (SEGUOT), Oscar López Velarde Vega, clausuró el exclusivo desarrollo inmobiliario “Edén Los Sabinos”, el propietario, Juan Manuel Palos ha hecho saber a los compradores y posibles clientes que ya no hay de qué preocuparse, toda vez que ha llegado a un acuerdo con el actual Secretario de Gestión Urbanística, Juan Carlos Rodríguez García.

EN ENERO del 2013, la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial del Gobierno estatal, a cargo de López Velarde Vega clausuró el desarrollo al no existir autorización o permiso alguno que autorizara la construcción de un Fraccionamiento Campestre sobre una extensión territorial de 1,500 hectáreas, enclavada dentro de la reserva natural ubicada al sur del municipio capital.

EN ESE ENTONCES, la autoridad estatal detuvo toda operación relacionada con el denominado Fraccionamiento por tratarse de un asentamiento urbano irregular ubicado sobre una área de conservación ecológica, por lo que advirtió que los responsables podrían hacerse acreedores a sanciones penales, civiles y administrativas.

PARA ELLO, quienes habían comprado terrenos en el lugar vieron detenidos sus trámites de escrituración en las diferentes notarias del estado ya que se estableció que era un asunto en proceso de regularización jurídica al ser un asentamiento urbano irregular con construcciones sin importar que se encuentra sobre una zona de conservación ecológica, de tal manera que se detuvo toda operación para proteger el orden urbano y proteger el patrimonio de los compradores hasta que hubiera garantías jurídicas.

DERIVADO de lo anterior, al propietario Juan Manuel Palos se le impuso una multa por los espectaculares que publicitaban la oferta de algo que no estaba autorizado, como unas subdivisiones irregulares dadas en el 2010 por el municipio de Aguascalientes las cuales eran nulas de pleno derecho porque el Código Urbano es muy claro, subdivisiones mayores de 5000 metros cuadrados, se les dará el tratamiento de Fraccionamientos o Condominios y si tiene 247 hectáreas pues obviamente no eran válidas.

LO ANTERIOR obligó al empresario a tramitar la legalización del lugar, sin embargo hay dificultades ya que los predios escriturados no pueden meterse a un régimen que ya no está dentro del salvo voluntariamente por adhesión, lo cual representaba un dilema mayúsculo para Manuel Palos, al haber responsabilidades penales, civiles y administrativa, sin embargo, dependía mucho de las acciones que emprendieran en su contra los compradores.

PRUDENTEMENTE los inversionistas esperaron los tiempos en una afán de apoyar al vendedor ya que de haber demandas no alcanzaría fianza por la gravedad del caso, y es que en ese entonces se dijo que esas acciones de la -SEGUOT- tenían sus origen en la revisión de una auditoría de cuenta pública por parte del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) del Congreso del Estado que se ventiló en septiembre del 2012.

LAS OBSERVACIONES no solventadas correspondían a la administración municipal del priista Adrián Ventura Dávila quien estuvo al frente del Ayuntamiento después de la salida de su correligionario, Gabriel Arellano Espinosa, esa auditoria evidenció un tráfico de influencias entre Netzahualcóyotl Ventura Anaya en ese entonces secretario particular del Alcalde Adrián Ventura y gente de alta confianza del entonces Gobernador panista, Luis Armando Reynoso Femat.
LA SOSPECHA de que hubo tráfico de influencias no se habría dado si no se hubiera descubierto que dentro de los predios de ‘Los Sabinos’, hubo adquisiciones por parte de la empresa =Construcciones e Ingeniería Habitacional=, aparentemente propiedad de Reynoso Femat, ahí el origen dicen por agilizar los “tramites” ante la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio capital.

HOY DÍA corre la versión de que aun y cuando supuestamente ya no hay problema entre el fraccionador y la autoridad estatal, hay molestia entre algunos compradores principalmente porque no les están otorgando los servicios prometidos con los contratos de compra-venta, además de que ven muchas irregularidades en torno a la supervisión que la autoridad urbana debe realizar.