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Aguascalientes, Agosto 21 (2014).- Los trabajos que lleva a cabo la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones en la Plaza de la Patria, que ya reportan un 50% de avance, serán acelerados luego de que el Secretario de Gobierno, Sergio Reynoso Talamantes, diera a conocer que la finca sobre la calle Nieto ya es propiedad del Gobierno del Estado y se procederá a su inmediata demolición.
El funcionario dio a conocer que luego del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el que se determinaba que los avalúos de ambas partes no eran precisos y por lo que el avalúo de un perito tercero en discordia fue aplicado para este caso, el Gobierno del Estado y el propietario del inmueble se desistieron del ejercicio legal planteado en un inicio y negociaron directamente la compra-venta del inmueble.
En este sentido, el Secretario de Gobierno destacó la voluntad de esta administración no sólo de atender las indicaciones de los tribunales competentes, sino también de llegar a acuerdos inmediatos y justos con los ciudadanos, poniendo énfasis en el beneficio común y el respeto a las decisiones de los jueces.
Así pues, la compra-venta del inmueble fue cerrada en 4 millones 600 mil pesos, monto determinado por el perito tercero en discordia nombrado por el Tribunal Contencioso Administrativo, valor en el que ambas partes estuvieron de acuerdo para proceder a la enajenación.
De esta forma, y siendo ya propiedad del Gobierno del Estado tras la firma de las escrituras correspondientes por parte del Jefe del Ejecutivo del estado, la finca será derruida en los próximos días para completar los trabajos para la edificación de la Plaza de la Convención.
El Secretario de Gobierno sostuvo finalmente que la administración de Carlos Lozano de la Torre mantiene vigente el espíritu de institucionalidad y de colaboración que ha mostrado Aguascalientes para avanzar en la responsabilidad compartida de servir a los mexicanos, de impulsar el progreso del país y resolver mediante el diálogo, el entendimiento y la búsqueda del propósito común, el bien de todos los ciudadanos.
«El mandato ciudadano y la plena vigencia del Estado de derecho nos obligan a respetar y hacer respetar siempre por los cauces institucionales, la Constitución Política Federal y las leyes que de ella emanan, sin hacer distinción política alguna y con pleno respeto de la dignidad de las personas y de sus derechos inherentes», concluyó el funcionario.