De Política una Opinión: El mando único policial, asunto de forma o de fondo

La preocupación de la sociedad mexicana por la inseguridad que vive el país, sigue en aumento; las propuestas del Presidente Enrique Peña enviadas al Congreso de la Unión en diciembre de 2014, todavía no han sido trabajadas por los legisladores federales. El debate de los últimos meses se ha centrado en el establecimiento del mando único policial, con una única policía estatal, bajo la responsabilidad de los gobernadores de los estados.

Por otro lado, estamos conociendo la información que indica el incremento de homicidios que se está dando en el país nuevamente; el Semanario Zeta ha realizado un registro y lo ha comparado con la información que el Gobierno de la República da a conocer. En los primeros tres años de la Administración Peña, el semanario registró 65,209 homicidios, mientras el gobierno mexicano reconoce 54,454 dejando de reportar más de 10 mil que sí aparecieron en medios de comunicación nacionales (tomado del sitio de la red SinEmbargo, 28 de enero).

El semanario compara la información por trienios: en los primeros tres años del anterior Gobierno de la República -2007 a 2009- el registro fue de 20,005 homicidios dolosos, mientras en los primeros tres del Presidente Peña -2013 a 2015- es de 54,454. Otro punto de comparación que hace Zeta es que en los tres últimos años del sexenio anterior -2010 a 2012- el semanario registró 65,118 homicidios, mientras que en estos tres primeros años la cantidad fue de 65,209, siendo 91 más ahora.

Otro dato importante a considerar es el dado a conocer por la organización Causa en Común, presidido por María Elena Morera, que señala que las policías de 15 estados de la República obtuvieron niveles de reprobación (entre ellas está Aguascalientes). El reporte destaca que son estados donde los gobiernos vienen presentando fallas en el reclutamiento y selección de personal policial, en la estructura de mandos, en ascensos y promociones, profesionalización, instalaciones, certificación integral, desempeño, confianza, régimen disciplinario, consejos de honor y justicia, derechos humanos, etcétera (El Universal, 19 de enero).

También el Observatorio Nacional Ciudadano ha mostrado en sus informes que “al cerrar el 2015, por lo menos Baja California, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas viven una crisis de seguridad, y que Baja California Sur y Querétaro han visto aumentar los índices delictivos, en particular los violentos, de manera importante” (sitio en la red).

¿Cuál ha sido la evolución de los planteamientos del Gobierno del Presidente Peña en materia de combate a la inseguridad? Antes de diciembre de 2012, las estrategias fueron calificadas de equivocadas y fracasadas siendo responsable el Gobierno de la República de ese momento. En 2013, con la nueva Administración Federal, se iniciaron presuntas nuevas estrategias en varias entidades federativas, destacándose Michoacán y Guerrero, en que las fuerzas federales tomaron el control de la seguridad pública (como en enero de 2007), sin obtener los resultados esperados.
Después de un retraso considerable, en agosto de 2014, el Gobierno de la República presentó al nuevo cuerpo policial de la Gendarmería Nacional, señalando que la corporación tendría a su disposición cuarteles móviles para desplazarse a los lugares con mayor incidencia delictiva en el país, para así fortalecer el control territorial en los municipios con mayor debilidad institucional e inseguridad.

Ante la inefectividad de la Gendarmería Nacional, en diciembre de 2014 y después de los penosos hechos de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el Presidente Peña envía una iniciativa que tiene como punto central el crear un mando y una policía únicos, desapareciendo a las policías municipales (esta propuesta fue presentada desde 2010, sin tener aceptación en el Congreso de la Unión).

Ante la duda de los legisladores federales al no dar una respuesta a la iniciativa de mando único, ante la inefectividad de las nuevas estrategias, y el creciente deterioro de la seguridad que se está observando en otros estados, el presidente Peña comenzó a transferir la responsabilidad de la solución a los gobernadores, señalando en reuniones de la Conago que algunos de ellos están ‘nadando de muertito’.

La reacción de los gobernadores no presenta resultados efectivos; siguen dándose los hechos de violencia sin contención, como fue lo sucedido en Tierra Blanca, Veracruz, con la desaparición forzada de jóvenes a manos de policías estatales, sin tener hasta el día de hoy respuestas claras de parte de las autoridades locales.

Ante este panorama, el Secretario de Gobernación da otro paso señalando a los senadores priistas que ‘‘desde el gobierno de la República les decimos que necesitamos esta disposición legal’’ para desplazar a las presidencias municipales y que sean los gobernadores los directamente responsables; es el motivo por el que los urge a aprobar la reforma de ley propuesta, ya que “es mejor contar con 32 corporaciones estatales que se puedan supervisar y capacitar, y no mil 800 policías municipales no capacitadas ni sólidas” (LJ, 29 enero).

Con este breve recorrido podemos observar un camino errático e incierto para dar una respuesta efectiva; también podemos percibir que la respuesta a la violencia, más que ser un asunto de forma, está siendo un asunto de fondo.
Todo gobierno, de entrada, tiene en sus manos los recursos y las posibilidades para hacer el gobierno de la sociedad y dar respuestas a sus problemas; sin embargo, las soluciones no llegan. Y no es por falta de recursos, sino más bien, porque las personas-gobernantes responsables no están tocando ni cambiando los puntos clave para permitir que sí se den los resultados esperados.

¿Cuáles pueden ser los puntos clave? La respuesta ha sido apuntada por Edgardo Buscaglia: los resultados no se dan debido a la existencia de un ‘pacto de impunidad’ entre los gobernantes, que se cubren en la corrupción.
Estos gobernantes deben verse a sí mismos y erradicar todo asunto que tenga que ver con el negocio de la corrupción: esta es la solución efectiva.

Por: Abelardo Reyes Sahagún