Comisión Legislativa, avala exclusividad para que el CU legisle en contra de la tortura y desaparición forzada
Aguascalientes, Mayo 18 (2015).- Al seno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, este lunes fue aprobado el dictamen que resuelve la minuta proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto que será sometido a votación del pleno de la LXII Legislatura del Estado de Aguascalientes, como integrante del Constituyente Permanente de la nación.
La iniciativa consiste en otorgar competencia exclusiva al Congreso de la Unión, para expedir la legislación general en la que se establezca, como mínimo, los tipos penales y las sanciones aplicables, tratándose de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como de la desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley.
Al respecto, el diputado Luis Fernando Muñoz López señaló que la propuesta es una continuación de las reformas que se han dado a nivel federal en el sistema judicial, con lo que se avanzará en la homologación del sistema penal y de los delitos que constituyen temas delicados y sensibles para la justicia mexicana.
El representante popular antes mencionado, así como el presidente de la comisión parlamentaria, diputado Juan Manuel Méndez Noriega, suscribieron en todos sus términos la iniciativa, al igual que los legisladores Israel Sandoval Macías, Jorge Varona Rodríguez y Juana Alicia Espinosa de los Monteros Ortíz.
De igual forma, recibió el visto bueno de todos los integrantes de la Comisión de Gobernación, el dictamen sobre la iniciativa de reformas a los artículos 2º y 4º de la Constitución local, presentada por el gobernador del Estado, ingeniero Carlos Lozano de la Torre, y cuyo objetivo es homologar las disposiciones contenidas en la Carta Magna en lo concerniente a derechos humanos.
Adicionalmente, la propuesta del jefe del Poder Ejecutivo establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se deberá privilegiar el cumplimiento al principio del interés superior de la niñez, para garantizar de manera plena sus derechos y que dicho principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.