Autoridades que ejercen su poder… después del desastre

En nuestra forma de hacer gobierno, hemos observado, con múltiples casos sucedidos, que existe una arraigada ‘costumbre’ de no aplicar el poder político de las funciones de la administración pública, de manera regular y permanente, sino hasta que sucede un desastre. Es un fenómeno de gobierno que está directamente ligado, en estos casos, a la corrupción practicada por servidores públicos, en las que se llegan a involucrar diversos niveles de gobierno.

También es frecuente, la complementación realizada por algunos medios de comunicación, cuando están estratégica y financieramente ligados al gobierno en cuestión, que llevan a cabo dos líneas de trabajo: la primera es ‘desnudar’ al infractor –lo que sería justificado-, no obstante que sea después de sucedida la tragedia; y, la segunda, proporcionar mediáticamente todo el apoyo a la reacción ‘airada’ de la autoridad, la que promete llegar hasta el fondo del asunto e iniciar inspecciones en todos los ámbitos, para que no vuelva a suceder el desastre. Con acciones así, esos medios de comunicación se convierten también, necesariamente, en medios de corrupción.

Hasta hoy, no obstante las alternancias políticas, particularmente en la presidencia de la república, ha sido difícil cambiar las formas de trabajo de la administración pública; desde luego, como se puede observar, en unos gobiernos sucede más que en otros.

¿Cuáles son los ejemplos en que se puede observar el esquema de acción, de que primero sucede el desastre, y luego actúan las autoridades? Los campos en que se ha presentado esta mecánica de trabajo, son diversos; algunos de estos ejemplos son los siguientes: la actividad de las minas ilegales de carbón en Coahuila; la ilegal extracción, traslado y salida de material minero por el puerto de Lázaro Cárdenas; los hoteles clausurados por ‘irregularidades manifiestas’ en Cancún y Acapulco; el cierre del albergue La Gran Familia en Zamora, Michoacán, por anomalías y violaciones a los derechos humanos; las irregularidades conocidas de la empresa Oceanografía con Pemex y Banamex; la triste tragedia de la estancia infantil ABC, en Hermosillo, Sonora, en la que las instalaciones no eran las adecuadas; los accidentes carreteros de trailers y autobuses, etcétera.

La pregunta consecuente es, ¿por qué las autoridades gubernamentales responsables de inspecciones y supervisiones, no lograron evitar los desastres mencionados? La respuesta que podemos estimar es, que las muchas oficinas gubernamentales que se han creado con el crecimiento de la administración pública, en todos los niveles, para inspecciones, supervisiones, otorgamiento de licencias, permisos, concesiones, refrendos, etcétera, sencillamente, no cubren la totalidad de sus funciones.

También es necesario decirlo, encontramos otros casos de medios de comunicación –que cumplen con su función social de informar-, que son los que descubren y dan a conocer las irregularidades; son casos en que las autoridades gubernamentales, con sus propios mecanismos de supervisión y auditoría, o no las habían detectado, o no los habían querido dar a conocer.

En este punto encontramos interesantes casos, como son la renuncia del presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, ante la confusión de contratación de créditos durante su administración; la exposición de información y su seguimiento, de gobernadores ligados a la delincuencia organizada, particularmente en Tamaulipas y Veracruz; el desvío de recursos de la directiva del PRI en el Distrito Federal, para la contratación de personal para servicios sexuales; un caso reciente, el señalamiento al Coordinador de Vinculación de la Presidencia de la República, por conflicto de intereses, quien renunció a su puesto (LJ, 11 sep.), etcétera.

El caso que hoy ocupa los espacios en la opinión pública del país, es el del consorcio Grupo México, en su mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora; tanto la Semarnat, como la Profepa y Conagua, ya hicieron su declaratoria de responsabilidades por el desastre ambiental causado, aduciendo varias irregularidades. La pregunta es la misma, ¿por qué las autoridades que debieron, regularmente, revisar e inspeccionar las instalaciones, no lo hicieron, como para haber evitado el grave problema ambiental?

Algo que podemos apuntar, considero, es que los grandes desastres no suceden de la noche a la mañana, salvo los que son naturales, que si bien pueden ser observados para prevenir los daños, no se pueden evitar; parece ser, entonces, que, con frecuencia, la maquinaria gubernamental se activa sólo después de sucedido el desastre.

Observemos, además, el grado de inoperancia de la autoridad; la empresa minera se atreve a decir que ya resolvió el problema, desafiando no sólo a los ‘inspectores’ de las dependencias, sino al mismo gobierno de la república, de tal manera, que tienen que ser los titulares, junto con el vocero de la presidencia, los que deben intervenir para dar fuerza a su autoridad y a sus decisiones.

La cámara de diputados también tiene una reacción temperamental y, tal vez, oportunista, como hemos observado en casos anteriores; el resultado de la investigación realizada por la comisión creada para el asunto, halla ‘anomalías sin fin en el Grupo México’ (que las autoridades respectivas, ¿no habían detectado?). La conclusión a la que llega, es pedir la revocación de la concesión o pedir un castigo ejemplar al consorcio de Larrea (LJ, 11 y 12 sep.); es claro que dejan de lado la responsabilidad de las dependencias que tienen autoridad y poder político, para que todas las empresas, no sólo ésta, cumplan ‘en todo tiempo’ –no sólo después del desastre-, con las leyes y reglamentos establecidos.

Los desastres, en su mayoría, se pueden prevenir; el punto básico es que el mecanismo de la administración pública, con su personal, funcione de acuerdo a como se ha diseñado en las leyes y en los reglamentos, en todos los campos.

El seguimiento de los asuntos es fundamental; de ahí la importancia de que los gobernantes tomen conciencia de las responsabilidades de inspección y supervisión permanentes. Son actividades creadas, precisamente, para prevenir los desastres, por un lado, y, desde luego, para que la vida de la sociedad sea sin contratiempos, como los señalados.

De política, una opinión: Abelardo Reyes Sahagún